Monterrey.- Mientras Agua y Drenaje de Monterrey mantiene en medios una campaña intensiva de defensa del Proyecto Monterrey VI, organismos empresariales y de la sociedad denunciaron hoy una serie de inconsistencias, omisiones, violaciones a la ley y opacidad en la obra y pidieron su diferimiento.

En un escrito de 15 puntos leídos en rueda de prensa, los inconformes advierten que estas anomalías y falta de información en aspectos técnicos, jurídicos, económicos y ecológicos no deben ser ignoradas.

Entre las organizaciones que avalan este pronunciamiento figuran la Coparmex Nuevo León -que hasta ahora no se había sumado activamente a los eventos contra este acueducto-, Evolución Mexicana, Vertebra, Consejo Cívico de las Instituciones de Nuevo León y Reforestación Extrema.

"El día de hoy los hemos citado para hacer de su conocimiento una serie de irregularidades y cuestionamientos que hemos detectado en el proyecto de Monterrey VI", dijo Alberto Fernández, presidente de Coparmex.

"Ya anteriormente hemos demandado al Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey aplazar el proyecto Monterrey VI hasta que no se resuelvan las razonables dudas y cuestionamientos sobre la viabilidad, utilidad y conveniencia de un proyecto que pagaremos todos".

La conferencia de prensa está encabezada por Alberto Fernández, de Coparmex; Sandrine Molinard, del Ccinlac; Cosijoopii Montero, de Reforestación Extrema; Daniel Butruille, de Evolución Mexicana, y Malaquías Aguirre, de Vertebra.

En los primeros dos puntos expuestos se hace referencia al esquema financiero elegido para la obra, señalando que no se presentó una evaluación que demuestre que una Asociación Público Privada era la mejor opción.

Del punto 3 al 11, los organismos enlistan una serie de omisiones, errores e imprecisiones graves en el Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), como el no identificar el impacto ambiental real, omitir los requerimientos de energía para la operación y mantenimiento el acueducto, contemplar acciones de mitigación insuficientes y no explicar cómo y por qué estudió y descartó otras posibles alternativas de abastecimiento.

También cuestionan que no se consideraran opciones más rentables como hacer más eficiente el consumo, especialmente en el sector agrícola, y el hecho de que se usaran datos de 2008 sobre la disponibilidad de agua, cuando esa información estaba actualizada desde junio de 2011 y ya se advertía una disponibilidad menor.

Los inconformes señalaron que el proyecto se contrapone a la Ley general de Cambio Climático, misma que fue ignorada en el MIA, y que en los documentos hay inconsistencias en el número de hectáreas susceptibles de cambio en el uso de suelo, y también en el punto de inicio de acueducto.

Además de los 15 puntos, los organismos advirtieron que hay diferencias de opinión el plazo en el que realmente se necesitará el agua, que el proyecto se ha manejado sin transparencia y sin demostrar que no hay conflicto de intereses por la contratación de una empresa cuestionada a nivel nacional por sospechas de corrupción.

A todas esas anomalías, señalaron, se suma el hecho de que otras obras hidráulicas estratégicas en el país han sido financiadas hasta en un 100 por ciento por la Federación, mientras que en Nuevo León se le quiere pasar la factura completa a los ciudadanos.

"En esta ocasión buscamos hacer del conocimiento público omisiones e inconsistencias que evidencian Irregularidades y cuestionamientos en el proyecto".

"No diferir el proyecto Monterrey VI sería una clara muestra de autoritarismo y completa desconexión de nuestros gobernantes con las necesidades de sus gobernados", advirtió Fernández, "una muestra más de la voracidad por gastar y endeudar sin reparo en los daños que se ocasionan".