En los círculos más duros y autoritarios del PRI desde donde se oponen a que avance la nueva Ley de Participación Ciudadana en Jalisco, que se empezó a construir desde principios de la actual Legislatura, con el concurso de todos los partidos y de organizaciones de la sociedad civil, están convencidos de que empoderar más al ciudadano es caer en el desgobierno y en la anarquía.

La toma de conciencia y la mayor participación social en asuntos públicos de parte de la comunidad los pone nerviosos porque rompe con sus tramas corruptas y esquemas de control con los que gobernaron en los tiempos del partido único. Pertenecen a una clase política que ve en la democracia una pérdida de tiempo e insisten en gobiernos con ciudadanías sumisas, por fortuna ya inexistentes.

Por eso de ninguna manera quieren permitir que pase una ley que, fruto de muchas horas de esfuerzo y de discusión de expertos en el tema, incorpore la ratificación de mandato como herramienta para que los ciudadanos puedan echar a un gobierno ineficiente y corrupto; o que proponga bajar los umbrales de instrumentos hoy inalcanzables por elevados; o que incluya la figura del presupuesto participativo para contribuir a optimizar el gasto y abatir los ejercicios superfluos de los dineros de todos.

Eso es lo que propone la iniciativa discutida en la comisión de participación ciudadana, que encabeza la diputada del Partido Movimiento Ciudadano, Verónica Delgadillo, en una ley específica sobre la materia. Para frenarla, el PRI se sacó de la manga una iniciativa que coló el lunes el diputado Joaquín Portilla Wolff, por la comisión de asuntos electorales, y donde sólo se proponen reformas al Código Electoral.

Así, mientras la iniciativa de ley propone que el plebiscito alcance actos estatales con el .05 del padrón (cerca de 2500 ciudadanos), en la del PRI no se contempla. En los actos municipales el PRI quiere el 3 por ciento en municipios de hasta 100 mil habitantes; el 2.5 por ciento entre 100 y 500 mil; y el 2 por ciento en el de más de 500 mil. Y que sólo sea vinculatorio si en el proceso vota el 40 por ciento del padrón electoral. En contraste, la ley que se quiere desplazar plantea reducir en los de hasta 50 mil habitantes, el 3 por ciento; entre 50 y 100 mil, el 2 por ciento; entre 100 y 500 mil, el 1 por ciento; más de 500 mil, el 0.5, y que siempre sea vinculatorio. Posturas similares y encontradas saltan en el caso del referéndum, la iniciativa popular y la consulta popular.

Además de que la postura del PRI va en contrasentido de las tendencias mundiales que se plantean en los foros y organismos internacionales de la más alta credibilidad, en el sentido de que las cosas están mejor donde la gente participa más, es muy difícil sostenerla si pensamos que es una participación ciudadana vigorosa la causa de verdaderos desgobiernos y anarquías como en Guerrero.   

¿Qué dirán en este debate PAN, PRD, Partido Verde, y las propias organizaciones de la sociedad civil que participaron en la iniciativa a la que se le quiere cerrar el paso?