Una de las principales misiones del Estado es garantizar la seguridad de su propia comunidad. Esa condición, la de asegurar la paz y la integridad de las personas, representa uno de los pilares de cualquier democracia y una premisa básica de convivencia.

Cuando este aspecto se ve socavado, el Estado está incumpliendo su labor frente a la ciudadanía. Lamentablemente, en la última semana, Jalisco ha sido noticia a nivel nacional e internacional por el secuestro y asesinato del diputado federal Gabriel Gómez Michel, una noticia que apareció en medios de comunicación como la BBC y The New York Times.

Este hecho se suma a eventos como la llegada a Jalisco de 200 elementos de la Gendarmería Nacional en las últimas semanas; el asesinato del alcalde de Ayutla y la filtración de funcionarios federales de alto nivel a periodistas de que Jalisco es un foco rojo.

Si a ello agregamos que Jalisco es el quinto lugar en homicidios dolosos en el país, el tercero en extorsiones y que 33 municipios han experimentado algún tipo de acoso del crimen organizado en los últimos meses (información de Pedro Mellado), la percepción de inseguridad y descontrol está plenamente justificada.

Ante esta evidencia, el Gobierno del estado ha intentado, por todos los medios posibles, transmitir un mensaje de que Jalisco es seguro, pero la realidad y las noticias diarias se empeñan en contradecirlo.

Una nota publicada hace unos días asegura que en la Administración de Aristóteles Sandoval se han asesinado a 70 funcionarios de los tres niveles de gobierno, una media de uno cada ocho días, una cifra terrible que estremece a toda la sociedad y que demuestra el grado de vulnerabilidad en el que vivimos.

Jalisco es, según los especialistas, un estado clave por su ubicación geográfica para el crimen organizado, cuenta con puertos estratégicos y la segunda área metropolitana más importante del país. Características que lo hacen proclive a la presencia de grupos de delincuencia de varias partes del país.

Sin el afán de ser alarmistas y esperando que hechos como el ocurrido el pasado martes no se vuelvan a producir y se encuentren a los culpables, no se puede negar que Jalisco está viviendo un periodo delicado en materia de seguridad y que nuestras autoridades no han cumplido con un deber básico frente a la ciudadanía, pese a las promesas del gobernador.