Aunque el gobierno de Veracruz asegura que la inseguridad y la violencia en el estado han disminuido "dramáticamente" de 2010 a la fecha, periodistas locales cuestionan esa afirmación y dicen que esta problemática es una constante que afecta su trabajo cotidiano.

Esta situación ha sido documentada por organizaciones como Artículo 19, que a principios de 2014 catalogó a Veracruz como la entidad más peligrosa en América Latina para ejercer el periodismo. Esto se debe a los 10 comunicadores que han sido asesinados desde 2011 y a las decenas de agresiones registradas por la agrupación, presuntamente cometidas tanto por la delincuencia como por funcionarios públicos.

"Las autoridades estatales han dejado de proteger a la prensa para que haga su trabajo en un contexto de seguridad (...) En términos geográficos, de toda América Latina, por la extensión del territorio y por el número de agresiones, Veracruz sigue siendo el estado más peligroso", dijo en entrevista con CNNMéxico el director de Artículo 19 para México y Centroamérica, Darío Ramírez.

En 2012, luego de denuncias sobre agresiones a comunicadores, el congreso local aprobó una propuesta del gobernador Javier Duarte para crear una Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, con facultades como ordenar medidas de atención o protección para evitar la consumación de amenazas.

Sin embargo, reporteros locales consideran que el desempeño del organismo es ineficaz e insuficiente.

"Es un elefante blanco que simple y sencillamente no hace nada (...) Se ha dedicado en los dos años que lleva operando a organizar cursos, a traer exponentes, les pagan a los reporteros para que se vayan a los cursos, les hacen comidas y ya", dijo Sayda Chiñas, periodista del diario La Jornada.

CNNMéxico buscó a la comisión para conocer su postura sobre las críticas a su labor, pero no obtuvo una respuesta de forma inmediata.

Las cifras

La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle), de la Procuraduría General de la República (PGR), tiene registro de cuatro periodistas desaparecidos en Veracruz desde 2010, año en el que el organismo comenzó a trabajar e inició el mandato de Duarte. En ese renglón, es la entidad peor ubicada, junto con Michoacán y Tamaulipas.

Además, desde ese mismo año las averiguaciones previas por actos contra comunicadores han ido al alza: dos en 2010 -únicamente en el periodo de julio a diciembre-, 11 en 2011, 13 en 2012 y 16 en 2013. Hasta el corte del 31 de octubre pasado, en 2014 llevaba 15 casos, con lo que suman 57 de 2010 a 2014.

Por separado, en su informe Disentir en silencio: Violencia contra la prensa y criminalización de la protesta, México 2013, Artículo 19 reporta decenas de agresiones y que ese año cuatro periodistas dejaron Veracruz por causa de amenazas. 

A decir de la organización, este panorama adverso para quienes trabajan en medios es similar al que se vive en Pakistán, uno de los cinco países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, junto con Iraq, Siria, Filipinas y Somalia, la mayoría de ellos con conflictos armados.

Un contexto de violencia

Desde 2010, Veracruz registra altos índices de violencia atribuidos a la actividad de grupos de la delincuencia organizada. Al respecto, el gobernador Duarte afirma que el problema ha disminuido, pero si bien la cifra de homicidios ha ido en descenso, la de otros delitos como el secuestro va al alza.

Periodistas locales dicen que este contexto ha afectado su trabajo, ya sea porque sufren amenazas del crimen o de funcionarios para que no publiquen determinada información, o porque ellos mismos eluden ciertos temas para evitar sufrir represalias.

"Hay cosas que no podemos manejar por seguridad misma de los reporteros (...) No podemos hablar de una libertad de expresión al 100%", dijo Édgar Reyes, jefe de información de El Heraldo de Xalapa.

"La cobertura de violencia se ha minimizado absolutamente", coincidió Rodrigo Soberanes, reportero freelance en la entidad.

Casos en la impunidad

En marzo pasado, Artículo 19 reportó que seis de cada 10 agresiones sufridas por periodistas en 2013 presuntamente fueron cometidas por funcionarios.

Los comunicadores consultados por CNNMéxico coincidieron en esta conclusión, y señalaron que padecen desde descalificaciones de parte de servidores públicos hasta que políticos locales exijan a los dueños de medios no tocar ciertos temas, pasando por la negativa de dependencias a conceder entrevistas o dar información oficial y por amenazas de policías.

"Les dicen (a los reporteros): 'Por eso luego los matan'", relató Chiñas.

Al respecto, los reporteros también se quejan de que sus denuncias son minimizadas, lo que se refleja en que las autoridades se niegan a relacionar un crimen con el trabajo periodístico de la víctima, sino que lo atribuyen a un delito común.

Un caso emblemático es el de Regina Martínez, corresponsal del semanarioProceso asesinada en 2012. Según las primeras indagatorias, el crimen derivó de un robo, no de las investigaciones de Martínez.

Además, las autoridades estatales afirman haber capturado a uno de los presuntos responsables, José Antonio Hernández, quien espera sentencia definitiva, y otro hombre permanece prófugo. Sin embargo, Proceso y organizaciones civiles temen que el asesinato quede impune.

"Resulta muy sencillo agredir a un periodista o cometer algún tipo de violación a sus derechos fundamentales, porque al final se sabe que no va a pasar nada", dijo Ramírez.

"Aprendimos cómo cuidarnos"

En este contexto, según los periodistas consultados, algunos comunicadores decidieron irse del estado para evitar riesgos.

En cambio, otros optaron por quedarse y buscan aprender a trabajar en las condiciones locales, así como a superar el miedo.

"Más que miedo, hay muchas cuestiones de incertidumbre porque tienes que andar cuidándote. El ejercer el periodismo ahora ya es un riesgo, pero lo seguimos haciendo, no hay miedo. Hay un cierto temor por la seguridad ya no tanto de uno sino de los familiares también", dijo Reyes.

"No necesitamos que nadie nos cuide, sabemos que es una profesión de riesgo y lo asumimos (...) Muchos se fueron y ya regresaron y aquí siguen trabajando. Esa etapa de miedo ya pasó. Aprendimos cómo cuidarnos", concluyó Soberanes.