No somos políticos ni militamos en algún partido, pero queremos hacer política: política ciudadana.

Con ese espíritu inició el mitin al que convocaron 14 organizaciones de la sociedad civil para rechazar el proyecto Monterrey VI que impulsa la Administración de Rodrigo Medina para construir un acueducto de 365 kilómetros que traerá agua a Nuevo León desde la cuenca del Río Pánuco.

Se trata de una obra que inicialmente se pactó en más de 17 mil millones de pesos que se sumarían a la escandalosa deuda estatal que Medina ha contratado durante su gestión y que ya se aproxima a los 100 mil millones de pesos. El costo a 27 años de operación del acueducto se calcula, sin embargo, en 57 mil millones de pesos.

Estudios técnicos elaborados por reconocidos expertos nacionales e internacionales cuestionan Monterrey VI por considerarlo caro y no sustentable.

Bombear el agua a esa distancia exigirá un enorme gasto de energía, además de que impactará negativamente los ecosistemas de la cuenca del Pánuco y encarecerá el agua.

Los usuarios del servicio de agua potable pagarán los costos de operación, mantenimiento y amortización de una de las empresas constructoras, que es nada menos que Grupo Higa, el consorcio favorito del Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los análisis indican que existen otras alternativas más sustentables y de mayor eficiencia económica, como construir represas o rehabilitar la cuenca del Río San Juan. Las organizaciones sociales piden explorar ésas y nuevas opciones antes de emprender el polémico proyecto.

También han solicitado que se den a conocer los documentos de impacto ambiental que sustentan la propuesta.

La respuesta oficial es la de oídos sordos. Las autoridades han señalado que Monterrey VI "sigue adelante". Les tienen sin cuidado las advertencias y recomendaciones de los expertos, tampoco parecen importarles mucho la opinión pública y el reclamo ciudadano.

Preguntamos, ¿cuál es la urgencia de construir el acueducto, si el abastecimiento de agua para el área metropolitana de Monterrey está garantizado en los próximos años? ¿El apremio son las elecciones de junio y la inminente conclusión del sexenio estatal? ¿La prisa es amarrar proyectos multimillonarios, sin importar su elevado costo económico, social y ambiental?

Con respecto a la documentación solicitada, entre la que destacan los dictámenes hídricos, sociales y ambientales, así como los anexos de la manifestación de impacto ambiental, la respuesta se desliza por el terreno de la arrogancia, el ocultamiento y la opacidad.

Emilio Rangel, director de Agua y Drenaje de Monterrey y autoridad competente en el caso, se niega a entregarla con el inverosímil argumento de que hacerlo genera un serio perjuicio al interés público.

¿Qué entienden por "interés público"? ¿No será el interés de ellos mismos y el de sus socios, como la polémica empresa Higa? ¿Es legal y legítimo que ante un proyecto de esta magnitud los ciudadanos -supuestos beneficiarios de la obra- no tengan acceso a dicha documentación?

Y sigo preguntando si esto podría suceder en otro país sin que hubiera consecuencias legales, políticas y económicas para quienes promueven un proyecto de manera tan poco transparente.

Como una película que se repite una y otra vez, vemos una clase política que se empecina en actuar un anquilosado guión que ya no se ajusta a la realidad social y política del País.

El guión del desprecio de la opinión ciudadana, de la manipulación de la población más vulnerable para el logro de sus fines políticos, del encubrimiento del uso patrimonial de los recursos públicos, de la transgresión sistemática de la ley y la impunidad ante la corrupción.

Hay que recordarle a esa clase política que el interés público es el bien común y que la política es tanto la ciencia de gobernar como el ordenamiento de los asuntos de los ciudadanos.

Si ellos no desean cumplir con ese cometido, los ciudadanos lo harán haciendo política ciudadana. Como hoy que, por fortuna, sucede en Nuevo León.