El Gobierno de Sonora utilizó un esquema fiscal para perdonar impuestos por casi 708 millones de pesos a 41 empresas cercanas al Gobernador Guillermo Padrés, su familia y al candidato del PAN a la Gubernatura, Javier Gándara.

De acuerdo con auditores que participaron en el proceso y reportes internos en poder de REFORMA, el daño fiscal se registró entre marzo de 2009 y septiembre de 2014, al amparo del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (CCAMFF), firmado con el Gobierno federal.

Aunque el convenio busca que las entidades federativas se involucren en la recaudación de impuestos para beneficio directo de su población, la forma como se aplicó en Sonora dejó cuantiosos recursos, pero en los bolsillos de particulares.

Según los reportes, se simularon acciones de auditoría y cobro sobre 123 adeudos fiscales federales- principalmente por ISR e IVA- que en conjunto sumaban 776 millones 444 mil 315 pesos y que correspondían a las 41 empresas.

Entre ellas destaca el caso de Javier Gándara Magaña, actual candidato del PAN a la Gubernatura y de quien se enlista su RFC en calidad de persona física con actividad empresarial.

Su adeudo era por 14 millones 108 mil 348 pesos de impuestos del ejercicio fiscal 2011, pero no pagó nada.

Otro caso es El Pozo Nuevo de Padrés, una sociedad de producción rural de responsabilidad limitada propiedad del Gobernador y donde construyó su propia presa, que adeudaba 15 millones 108 mil 348 pesos de impuestos federales. Sólo pagó 119 mil 970 pesos.

Las 41 empresas enlistadas siguieron el esquema de autocorrección, una opción que otorga el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a contribuyentes que buscan una negociación para saldar sus créditos fiscales (o deudas).

En la jerga fiscal, esa práctica es conocida como "vacuna", pues, una vez aceptada la autocorrección, el SAT ya no puede repetir revisiones por el mismo ejercicio fiscal.

Las fuentes dijeron que en la operación participaron el Secretario de Hacienda de Sonora, Carlos Villalobos Organista, y el director general de Auditoría Fiscal, Roberto Francisco Ávila Quiroga.

Antes de iniciar la revisión, Ávila Quiroga fijaba a los contadores en cuánto debían "cerrar la auditoría", y casi en ningún caso superaba el 10 por ciento del total de la deuda.

Bajo los términos del convenio con el Gobierno federal, Sonora tiene el incentivo de quedarse con hasta 75 por ciento de lo recuperado, pero la tarea de la Administración de Padrés sólo arrojó el cobro de 8.8 por ciento del adeudo, es decir, 68 millones 567 mil 70 pesos, dejando escapar 707 millones 877 mil 150 pesos.

Diversas fuentes señalan que un equipo del SAT revisa esta irregularidad en Sonora, pero Lizandro Núñez, administrador general de Recaudación del SAT, dijo a REFORMA que no puede hablar de casos particulares en materia fiscal.

"No podemos confirmar ni negar este caso (de Sonora). Que sólo quede la idea que el SAT revisa.

"Para este caso no puedo responder, pero hay una vigilancia general para que los que realicen esta fiscalización y recaudación se apeguen a los procedimientos", dijo.