El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Julián Peña Hidalgo, sostuvo que tanto la Comisión Inspectora del Congreso del Estado, así como la Auditoría Superior del Estado, permiten que estos órganos sean el garrote político, pero además que haya impunidad por parte de los sujetos de revisión que cometieron irregularidades y que nunca son castigados.

Luego de los señalamientos de la Comisión Inspectora en el sentido de que se está auditando en tiempo y forma, sin que exista el retraso, el legislador mantuvo su postura al indicar que hasta el momento solo unas algunas cuentas 2013 han sido discutidas, mientras el resto se mantienen en reserva cuando están por cumplirse dos años de que en el caso de los presidentes municipales dejaron el cargo.

Dijo que si se cuenta con los mecanismos informáticos, ya no se tiene que revisar de manera antigua pues las facturas ya son electrónicas, se puede comprobar si realmente se hicieron o no los gastos y si hay falsificación de documentos.

Peña Hidalgo indicó que en las últimas sesiones se aprobaron inicios de Procedimientos Administrativos de Responsabilidades, y estos mecanismos duran años lo que permite qué quien incurrió en anomalías camine libremente por las calles prácticamente mofándose de las autoridades.

Expresó que no se puede decir que se está a tiempo cuando hay cuentas públicas de 2011 sin dictaminar, y que haya una revisión selectiva de a quién van a revisar sobre todo cuando se acerca un año electoral.

Insistió en que su propuesta de que  se dictamine en el menor tiempo posible con lo cual los diputados estarían cumpliendo con su función para la rendición de las cuentas. 

Señaló que actualmente no existe un tiempo establecido para que la Comisión Inspectora dictamine las cuentas públicas una vez que la Auditoría Superior del Estado (ASE) terminó el trabajo de fiscalización y le entregó el dictamen.

Reiteró  que esta indefinición se puede prestar para que la revisión de la documentación financiera de los presidentes municipales pudiera ser utilizada para presionarlos o condicionar su aprobación a cambio de ciertos apoyos.

"Hasta ahorita no hay un término, es decir, se presentan las cuentas públicas en la comisión y esta las tienen de manera indeterminada y eso lo convierte en un garrote político. Lo que se propuso es poner un término de 90 días para que se pueda dictaminar y se pueda quitar esta función que tiene y que es prácticamente un garrote político para de alguna manera condicionar a los entes obligados entre ellos los presidentes municipales".

Comentó que se desconoce  el número de cuentas públicas que se encuentran rezagadas en espera de ser avaladas por la Comisión Inspectora pero señaló que han pasado casi dos años del arranque de las actuales administraciones municipales pero no se ha dictaminado su primer año de gestión.

El dedo en la llaga

La semana pasada el coordinador nacional de los presidentes municipales por Movimiento Ciudadano, José Juan Espinosa Torres, advirtió que la Auditoría Superior del Estado de Puebla si está siendo utilizada como el garrote político del gobierno y tienen amenazados a las actuales y anteriores autoridades locales con la no aprobación de sus cuentas públicas.

El también presidente municipal de San Pedro Cholula pidió al gobernador Rafael Moreno Valle que recomiende al Congreso del Estado y a la propia Auditoría Superior que deje de presionar a las autoridades municipales con la incertidumbre de que sus cuentas no han sido dictaminadas.

Recordó que el  Órgano Superior de Fiscalización del Estado era el garrote político que utilizaban los gobiernos para hacer que los presidentes municipales y otros sujetos de revisión apoyaran un proyecto político, pero todo sigue igual.

Expresó que solo hubo un cambio de nombre pues su denominación es Auditoría Superior del Estado, sin embargo el papel sigue siendo el mismo, el de presionar a los ex presidentes municipales y quienes están en funciones.