MÉXICO (Notimex).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para exhortar a los gobiernos federal y estatales en los que se celebrarán elecciones este año, para que no se manipulen los programas sociales ni los servicios públicos en beneficio de algún partido político o candidato. El punto de acuerdo, de obvia y urgente resolución y dividido en tres puntos, fue presentado por los diputados Ricardo Monreal Avila y Ricardo Mejía Berdeja, de Movimiento Ciudadano, quienes pidieron solicitar a los mandatarios estatales de dichos lugares que suspendan la publicidad gubernamental 45 días antes de los comicios. También se hizo un exhorto al Ejecutivo federal, para que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República (PGR) coadyuve con las procuradurías estatales en la investigación y persecución de delitos electorales. Al argumentar y fijar posición, Ricardo Monreal y Mejía Berdeja recordaron que este año se celebrarán elecciones en 14 estados de la República Mexicana, y destaca la de gobernador en Baja California, y señalaron la necesidad de garantizar que se lleven a cabo conforme lo que establece la ley. Argumentaron que durante años se ha visto con tristeza que la mayoría de las elecciones se llevan a cabo en condiciones de falta de equidad, debido a las múltiples irregularidades y delitos electorales que se cometen durante el proceso. En el documento se puntualizó que los órganos electorales que fungen como encargados de vigilar y garantizar que los comicios se efectúen dentro del marco normativo no han cumplido con las expectativas ciudadanas. 'Han actuado con ligereza y opacidad, y se hacen cómplices en la concreción de una elección totalmente irregular', señala el documento. El segundo punto del acuerdo se modificó a propuesta de la diputada del Partido Acción Nacional, Beatriz Zavala Peniche, y el pleno también aceptó la propuesta del diputado del Partido Revolucionario Institucional, Rafael González Reséndiz. La propuesta priista refiere incluir un exhorto a los partidos políticos como entidades de interés público para que ajusten su conducta al marco legal, se comprometan a seguir los cauces institucionales para dirimir cualquier controversia y se muestren respetuosos de la voluntad ciudadana una vez concluidos los procesos electorales.