Tras escucharse varios disparos que hirieron a un elemento policiaco la madrugada del 16 de septiembre durante los festejos de la Independencia de México, los ciudadanos Juan Antonio Gómez Silvano, Roberto Gómez Hernández y Mario Aguilar Silvano, quienes se dirigían a sus domicilios, fueron detenidos por un grupo de 40 policías.

 

Los tres tzeltales recibieron golpes y patadas para someterlos y subirlos a una camioneta de la policía municipal. Las vejaciones continuaron en la comandancia donde se les interrogó sobre la portación de dos armas de fuego y las lesiones del elemento policiaco, hechos que los indígenas desconocieron, según relata el documento de la asociación civil.

 

Al día siguiente, 17 de septiembre, ya en la Fiscalía del Ministerio Público en Ocosingo, Chiapas, fueron nuevamente golpeados en presencia de Rodolfo Manuel Gómez Gutiérrez, Agente del Ministerio Público, para que se autoinculparan de los hechos ocurridos el día anterior. Gómez Hernández, incluso, fue presionado psicológicamente para acusar a sus dos compañeros con el argumento de que ellos lo habían inculpado.

 

Los tres tzeltales fueron obligados a poner su huella digital en la declaración ministerial que no les leyeron pues ninguno de ellos sabe leer ni escribir, además de que no se les proporcionó un traductor pues su lengua materna es tzeltal ni un abogado que les proporcionara asistencia.

 

El 18 de septiembre fueron consignados por el delito de lesiones calificadas por el Juez Omar Heredia, quien dio fe judicial de las lesiones y dio parte al Fiscal del Ministerio Público, que inició las investigaciones por probables actos de tortura con sustento en la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la tortura.

 

Por ello, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas exigió a la Procuraduría General de Justicia del estado de Chiapas, que realice las investigaciones  correspondientes en contra de los policías municipales de Chilón y el Fiscal del Ministerio público Rodolfo Manuel Gómez Gutiérrez por el delito de tortura, tal como se encuentra tipificado en el  Código Penal del estado de Chiapas, así como los demás delitos que resulten.

 

Además pidió al Juez que conoce la causa de Juan Antonio, Roberto y Mario, debe de desechar las pruebas ilícitas obtenidas bajo tortura.