GUADALAJARA, Jalisco(OEM-Informex).- Le solicita el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano al Gobernador del Estado que retire las iniciativas de avalar créditos por mil millones de pesos para que empresarios del transporte público y taxistas adquieran nuevas unidades del transporte público, y le piden que obligue a los transportistas a invertir recursos propios en sus camiones y principalmente que no aumente la tarifa a siete pesos, hasta que mejoren el servicio.

El diputado de Movimiento Ciudadano  Ricardo Rodríguez, en rueda de prensa también a nombre de Movimiento Ciudadano  le pidió al Ejecutivo estatal instruya a los diputados del PRI a que en la próxima sesión se apruebe la Ley de Austeridad que presentaron los diputados de Movimiento Ciudadano -que ya está aprobada en comisiones-. Con los ahorros que se generarían con esta legislación, el Gobierno no tendrá necesidad de buscar nuevas deudas y podrá hacerle frente a los temas urgentes de Jalisco.

Al titular de la Sepaf Ricardo Villanueva le dicen que en lugar de andar en "bici", que preste mayor atención a la situación financiera del estado.

Los diputados de Movimiento Ciudadano piden al Ejecutivo retire la "engañosa" iniciativa para contratar nueva deuda para trasporte. Rechazan que los ciudadanos paguen nuevas unidades del trasporte público.

"Estamos exigiendo que el Gobernador retire su iniciativa, si los transportistas quieren obtener negocio, tienen que invertir sus propios recursos, de lo contrario serán los jaliscienses los que, a través de la contratación de la deuda, pagarían las nuevas unidades", indicó Rodríguez Jiménez.

Ante la negativa del Gobierno del Estado de proporcionar la información financiera solicitada, los diputados de Movimiento Ciudadano han buscado la información en las páginas de Internet oficiales, y se han encontrado con hasta 17 meses de retraso en los estados financieros publicados.

El diputado Ricardo Rodríguez señaló que no es válido el esquema que está proponiendo el Ejecutivo, pues los jaliscienses pagarían doble, por un lado al invertir en las nuevas unidades y por otro lado, se les aumentaría la tarifa del trasporte público de seis a siete pesos, con el argumento de que todas las unidades ya fueron renovadas. 

Agregó que hace apenas unos meses, el Gobernador se comprometió a que no autorizaría un incremento a la tarifa del trasporte público hasta que los transportistas cumplieran con sus obligaciones, incluida la renovación de las unidades y la mejora en el servicio que pagan los usuarios del trasporte público.

No obstante, el Gobernador hizo llegar al Congreso dos iniciativas para autorizarle deuda pública por más de mil millones de pesos para la renovación de unidades, incluidas aquellas que son propiedad de empresarios particulares.