NO MÁS FUERO

Logramos eliminar el fuero en los principales estados del país: en Jalisco —gracias a que somos mayoría en el congreso local—, y en Ciudad de México y Nuevo León, gracias a la fuerza de los ciudadanos. A nivel federal, presentamos la iniciativa en 2016 y después de dos años de lucha, la Cámara de Diputados aprobó la eliminación del fuero en todo el país. Ahora, el reto será que se apruebe la reforma desde el Senado de la República, donde los partidos tradicionales y Morena decidieron congelarla en abril de 2018. Promoveremos también la reforma al artículo 108 constitucional para que el Presidente pueda ser acusado y enjuiciado por delitos de corrupción.

EXPRESIDENTES SIN PENSIÓN

En 2016 presentamos la iniciativa para eliminar las pensiones y los privilegios que reciben los Expresidentes de la República, pero los partidos de siempre la congelaron. Continuaremos con esta lucha desde la Cámara de Diputados y en el Senado. Si el objetivo del nuevo gobierno es consolidar un plan de austeridad republicana, éste no puede ser discrecional, tiene que estar garantizado en la ley la prohibición de este tipo de privilegios.

QUE LO PAGUEN ELLOS

Los mexicanos no solo pagamos los gastos personales del presidente y su familia, como ropa, viajes, fiestas y hasta artículos de higiene personal; además no sabemos cuánto es lo que se gastan. Por eso desde principios de 2017 presentamos una iniciativa para que el dinero de la gente deje de ser una chequera en blanco para mantener lujos y privilegios del presidente y su familia, y seguiremos insistiendo en su aprobación. Otra vez: esta prohibición debe estar plasmada de manera explícita en la ley para evitar la discrecionalidad.

AUDITORÍA AUTÓNOMA Y EFICIENTE

Garantizar la plena autonomía de la Auditoría Superior de la Federación y que sus observaciones y denuncias, en los casos donde se involucre un mal manejo de recursos o faltas administrativas graves, tengan carácter de prioritarias y sean atendidas y resueltas en un plazo específico, de manera ágil y expedita.

REVERTIR LA LEY CHAYOTE

En este sexenio que termina se presupuestaron 23 mil millones de pesos para publicidad oficial, pero el gobierno federal gastó en realidad 40 mil 600 millones. Desde 2016 presentamos una iniciativa para reducir el excesivo gasto en publicidad, misma que fue rechazada y que volvimos a presentar en 2017. Para realmente reducir el gasto, acabar con la discrecionalidad y con el mal manejo de los recursos en publicidad, tiene que estar establecido en ley los temas en los que un gobierno puede gastar en publicidad y los montos específicos que tendrá autorizado.

ELIMINAR BONOS Y PRIVILEGIOS Y PONER TOPE SALARIAL A ALTOS FUNCIONARIOS

La bancada de Movimiento Ciudadano fue la primera y única en renunciar por completo a seguros de vida y médicos privados, así como a bonos y subvenciones extraordinarias, y en proponer desde 2016 su eliminación para todos los legisladores, iniciativa que se encuentra congelada. Por que en este país no deben haber ciudadanos de primera, vamos a acabar con el derroche de recursos públicos que solo benefician a unos cuantos.

QUE EL CONGRESO INCIDA EN EL PRESUPUESTO

Para evitar los abusos y excesos que han hecho el actual gobierno y los anteriores, se tiene que establecer en ley que las adecuaciones presupuestales deben ser aprobadas por la Cámara de Diputados y no realizadas de manera opaca y discrecional por el Poder Ejecutivo.

PROHIBIR QUE CUALQUIER INSTITUCIÓN PÚBLICA PUEDA CREAR FIDEICOMISOS

Prohibir que cualquier institución pública pueda crear fideicomisos, con recursos públicos o privados y castigar con cárcel a quien haga manejo de ellos.

3 DE 3 OBLIGATORIO PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Hacer obligatoria la declaración 3 de 3 de todos los funcionarios públicos: completa, pública y transparente, como lo hizo la Bancada de los Diputados Ciudadanos, que además fue la única en presentarla en su totalidad durante la LXIII Legislatura.

MUERTE CIVIL A LOS CORRUPTOS

Muerte civil a los corruptos, para que los funcionarios públicos que cometan un delito grave de corrupción, no vuelvan a ocupar un cargo público en toda su vida y para que las empresas que hayan sido condenadas por actos de corrupción queden inahibilitadas para participar en procesos de adquisiciones o licitaciones. Esta iniciativa ya la presentaron los Diputados Ciudadanos desde abril de 2017 y está congelada en la Cámara de Diputados.

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