Uno de los principios constitucionales que rodean la actividad electoral es precisamente el de la imparcialidad, entendida como una forma de conducta de los servidores públicos en general, que implica abstenerse de influir en todo momento, pero especialmente durante los procesos comiciales, en la contienda electoral, a favor o en contra de algún partido político o coalición, o de algún precandidato o candidato en particular.

En México, los poderes públicos de todos los órdenes deben observar permanentemente una conducta de imparcialidad respecto de la competencia electoral. Este principio constitucional alude a dos aspectos concretos: por un lado, a la obligación de todo servidor público de aplicar con imparcialidad los recursos (en dinero o en especie; servicios, programas y obras públicas; recursos humanos, materiales o financieros) que están bajo su responsabilidad; y por el otro, a que los servidores públicos, independientemente de que utilicen o no recursos públicos, guíen su actuación sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, sobre todo, en el contexto de un proceso electoral. Ambos aspectos tienen como trasfondo la equidad en las contiendas políticas, como valor fundamental de todo proceso democrático.

En Jalisco, el viejo PRI de siempre ha mostrado nuevamente su única y verdadera cara y para muestra basta un botón: el viernes pasado MURAL publicó que Javier Contreras, director del Sistecozome, exigió que 300 unidades del transporte público (equivalente al 15 por ciento del parque vehicular) dejaran de prestar servicio a la ciudadanía y se pusieran al servicio del PRI, para acarrear gente al mitin de cierre de precampaña de sus principales candidatos metropolitanos.

Los propios transportistas denunciaron la vulgar extorsión: el titular del Sistecozome amenazó con retrasar sus trámites (como las cartas de refrendo) y la actualización de los contratos anuales de subrogación si no cooperaban.

Por desgracia no es el único caso de ilegalidad y parcialidad en el ejercicio del poder público de la actual Administración. El uso de programas sociales con fines electorales es otro distintivo priista: el pasado 4 de febrero, en un módulo de la Secretaría de Desarrollo e Integración Social del Gobierno del Estado, se repartió propaganda del PRI a los adultos mayores que aguardaban en las largas filas, ante la complacencia y beneplácito de los funcionarios de la dependencia.

El PRI no se detendrá ante nada con tal de perpetuarse en el poder, incluso pasar por encima de la ley. Echará mano de sus mejores y más conocidas prácticas ya patentadas: corrupción, despilfarro, desvío de recursos, conflicto de intereses, extorsión, peculado, son conceptos básicos e interiorizados en cualquier funcionario priista. Es ese su lenguaje común, forma parte de la gramática de su política.

El PRI es el principal responsable de la descomposición del sistema democrático mexicano, que nuevamente tiene sumido al País en una grave crisis. No extraña pues que sus gobiernos operen bajo principios y valores altamente antidemocráticos y poco éticos. Está claro que el proceso electoral en Jalisco será una elección de Estado. Los gobiernos estatal y municipales harán lo posible por intervenir en los comicios e influir en sus resultados.

La historia se repite una vez más y quienes la padecen son los mismos de siempre: las ciudadanas y los ciudadanos libres de Jalisco. Pero lo que ignoran, en su soberbia y banalidad, es que los ciudadanos les cobrarán la factura muy pronto. Ellos ya son conscientes de que nadie les aplaude.

 Presidente del Consejo Ciudadano Estatal de Movimiento Ciudadano.