13 de noviembre de 2020

El diputado local, Héctor Pizano Ramos, reprobó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que consideró como excesiva dar muerte civil aquellos funcionarios y servidores públicos que hagan negocio o se enriquezcan a costa del recurso de la ciudadanía.

Pizano Ramos, reprochó que el máximo órgano de Justicia en el país, apueste por defender la corrupción y no por ejercer sanciones históricas que eliminen este mal que afecta directamente a la gente truncando el crecimiento, desarrollo y oportunidades para que el ciudadano viva mejor.

"No es posible que sigamos permitiendo que personas trunquen la posibilidad de que niñas, niños, adolescentes, adultos tengan vivienda, alimento, educación y salud. Que personas sin escrúpulos utilicen el dinero público para fines propios traicionando a la sociedad; hoy la Corte les manda una patente de corso para que sigan delinquiendo", enfatizó el legislador y autor de la iniciativa.

Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la corrupción es uno de los obstáculos más grandes para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.

Ante la resolución que señala como inconstitucional la reforma aprobada por el Congreso de Jalisco, Héctor Pizano afirma que la SCJN lo hace bajo un argumento interpretativo y no bajo una visión de combate y cero tolerancias a la corrupción.

"Es una interpretación porque dicen que es demasiado, pero yo pregunto: cuánto es poco, cuánta corrupción es posible. De verdad, ¿estamos dispuestos a seguir tolerando la corrupción?, respondo: yo no, para mi es excesiva la corrupción", enfatizó Pizano Ramos.

Asimismo, lamentó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) haya interpuesto esta controversia cuando hay temas de mayor trascendencia que atender desde su competencia, subrayando que pareciera una constante "el proteger a corruptos".

Héctor Pizano fundamentó con datos reales presentados por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que la corrupción en México pudiera alcanzar entre el cinco y 10% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que se traduce en 347 mil millones de pesos que se desvían a favor de intereses particulares.