Todos hemos escuchado noticias y comentarios que hacen referencia al famoso "fuero", pero tal vez a muchos nos sea difícil definirlo cuando se trata de discernir si las acciones de nuestros gobernantes y funcionarios, que no consideramos correctas o están al margen de la Ley, pueden ser juzgadas mediante un proceso legal, como si se tratara de cualquier ciudadano.

Para comprenderlo mejor, podemos decir que la ley concede a ciertos representantes electos por el pueblo o funcionarios de alto rango, por ejemplo el Presidente de la República Mexicana, secretarios de Estado, magistrados, gobernadores, diputados y senadores, entre otros, una facultad que los previene de ser privados de su libertad, en el supuesto de que hubieran desobedecido la Ley mientras se encuentren ejerciendo la función para la que fueron llamados. Esa protección se llama fuero, tema que actualmente es foco de polémica en medios de comunicación.

Sin embargo, debemos saber que ese fuero tiene límites, pues no todos los funcionarios gozan de esa protección y, además, los que sí tienen esa prerrogativa están limitados a ciertas conductas. Es decir, si la falta es grave, los demás representantes de los ciudadanos pueden retirarle ese "fuero" para que el sujeto sea juzgado como si se tratara de un ciudadano como tú y como yo. Estos mecanismos están descritos en la Constitución Mexicana.

La razón por la que el fuero existe es para proteger la libertad crítica que permite que los funcionarios y gobernantes se desempeñen de manera eficiente; es decir, un proceso legal innecesario podría distraerlos de su labor, que es servir a México y atender las necesidades de sus ciudadanos. Durante el ejercicio de su cargo, tanto funcionarios como gobernantes emiten opiniones que podrían dar lugar a demandas o procesos legales cuya defensa seguramente tomaría tiempo que en su posición, es muy valioso, pues su responsabilidad para con nuestra Patria no es pequeña. Así pues, el fuero los protege de éste tipo de procesos legales.

Es importante mencionar que sí existen excepciones en la aplicación del fuero, siempre y cuando la falta sea grave, por ejemplo fraudes, desvío de recursos y acciones que se consideren como traición a la Patria. A este proceso se le conoce como desafuero.

El dilema comienza cuando las instancias legales permiten proteger al funcionario en casos de faltas a la ley, que no se encuentran asociadas con el desempeño de su labor y más bien son parte de la vida personal del gobernante o funcionario que goza de dicha prerrogativa. Tal es el caso de faltas como ser detenido por conducir en estado de ebriedad, portar insignias oficiales en un vehículo particular para obtener inmunidad o tener un salario determinado y llevar un estilo de vida muy superior a lo percibido, resultando incongruente incluso con la declaración patrimonial del funcionario.

Así pues, el fuero es de hecho una herramienta necesaria para nuestros gobernantes y funcionarios, para así facilitar el ejercicio de su labor. Pero como en todo, una gran labor implica grandes responsabilidades y el uso consciente del fuero es una de ellas. Así que la próxima vez que leas un debate sobre el fuero, podrás determinar si éste se encuentra dentro de sus límites o no.