Miércoles 25 de noviembre de 2015

Los integrantes de las dos ternas para ocupar las vacantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) comparecieron ayer ante el pleno del Senado y la mayoría coincidieron en que la misión toral de los ministros es ser garantes de la obligación de todas las autoridades de respetar los derechos humanos.

 

Uno de los aspirantes, el actual procurador de Justicia del estado de México, Alejandro Jaime Gómez, defendió la actuación de la dependencia a su cargo en el caso Tlatlaya.

 

Sostuvo que, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, presumiblemente fueron elementos del Ejército quienes alteraron la escena de los hechos-donde se ejecutó a 22 personas el 30 de junio de 2014- y no personal de la procuraduría mexiquense.

 

Argumentó que las posibles omisiones, deficiencias o insuficiencias del personal de esa procuraduría sobre los hechos derivaron de la complejidad del caso, la circunstancias del lugar y el riesgo de un nuevo enfrentamiento entre militares y delincuentes.

 

Por su parte, el otro integrante de la terna de abogados del Estado, que el presidente Enrique Peña envió al Senado, el ex procurador fiscal Javier Laynez, defendió también su carrera -de 25 años- en el sector público. En respuesta a algunas críticas, señaló que es falsa la premisa de pérdida de autonomía, independencia y de comprometer o vender la libertad de pensamiento de juristas que trabajan en el gobierno federal.

 

Pidió a los senadores que se verifique si alguno de sus actos en el servicio público no se apegó a la ley.

 

El otro integrante de la terna, el magistrado Álvaro Castro, quien se confrontó con el Senado en la pasada legislatura y por ello fue removido como subsecretario en la Secretaría del Trabajo, aludió a su indeclinable vocación de servicio, declaró que no tiene ningún conflicto de intereses y se comprometió a actuar con probidad y sensibilidad, así como a garantizar la justicia.

 

Por lo que toca a la terna de mujeres, la magistrada Norma Lucía Piña definió que un ministro de la SCJN debe ser independiente para resistir todas las presiones, imparcial para no estar sesgado hacia ninguna de las partes, no comprometerse con los grupos de interés y velar siempre por los derechos humanos.

 

La también magistrada Sara Patricia Orea, quien se ha desempeñado desde hace casi dos décadas en el Poder Judicial del Distrito Federal, resaltó que un juzgador constitucional debe tener siempre presente el humanismo y ver la posición de desventaja en que se encuentran las víctimas que son tratadas como convidados de piedra.

 

Compareció también la magistrada Verónica Judith Sánchez, quien aludió a su trayectoria de 17 años en el Poder Judicial. Sostuvo que el Sistema Penal Acusatorio constituye la más grande esperanza de los mexicanos para dar legitimidad a sus jueces, y una de las mayores preocupaciones de los poderes públicos del Estado.