"Procede conceder al quejoso la protección constitucional que solicita, para el efecto de que la responsable deje insubsistente la resolución reclamada y dicte otra, en la que emprenda un análisis de las probanzas", se argumenta en el dictamen emitido por el Primer Tribunal Unitario del Décimo Primer Circuito, dentro del juicio de amparo indirecto 32/2016-III, que consta de seis hojas tamaño oficio.

 

"Se impone hacer un nuevo análisis debidamente razonado y fundado (del caso)", se agrega.

El fallo fue dado a conocer esta mañana por abogados de Mireles y el diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), Daniel Moncada, quien ha dado seguimiento al tema de las autodefensas en Michoacán.

 

Moncada afirmó que este resolutivo exhibe la torpeza en el actuar del Segundo Tribunal Unitario, al ignorar y desestimar diversas pruebas del caso.

 

También señalo que "es un magistrado que ha dejado ir a muchos criminales. Él mismo nos dio la lista por nombre y cártel de los criminales que ha dejado ir, pero en el caso de Mireles dijo que no se podía, que porque es un caso que tenía 'detallitos', así lo dijo. Reconoció que no era un tema jurídico", acusó el legislador de MC.

 

En conferencia de prensa señaló que, de revisarse las pruebas, Mireles podría obtener próximamente su libertad.

 

Por su parte, el abogado Ignacio Mendoza explicó que entre dichas evidencias destaca el documento firmado en enero de 2014 por el entonces comisionado federal Alfredo Castillo, donde pactó con los grupos de autodefensa que operaban en la entidad.

 

También diversas actas donde se muestra que el gobierno avaló el registro de armas a los llamados comunitarios, incluyendo aquellas que eran de uso militar, como en su oportunidad lo dio a conocer el semanario Proceso.

 

"Se exhibieron más de 30 videos, pruebas periciales y testimoniales de funcionarios y exlíderes de las autodefensas sobre los acuerdos que había con el gobierno", recordó.

 

En la conferencia, Mendoza explicó que el amparo que hoy se concede demuestra una vez más que a Mireles se le han violado todos y cada uno de sus derechos. "Es un preso político jurídicamente hablando, sobre quien se han dejado de valorar pruebas. Eso es gravísimo", denunció.

 

Mireles fue detenido el 26 de junio de 2014 en La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas, junto a 80 autodefensas más en un operativo de la Policía Federal, Ejército y Armada de México.

 

En el operativo no se hizo un solo disparo, e incluso algunos medios locales hablaron de la participación de hasta 600 efectivos militares y policiacos.

 

Mireles fue acusado de portación de drogas y de armas de uso exclusivo del Ejército, y enviado al Cefereso 11 de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora, donde a la fecha permanece recluido.