Dos meses después de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, en noviembre 2014, el presidente Enrique Peña Nieto anunció diez medidas en materia de seguridad y justicia, de las cuales sólo una se cumplió totalmente; otras dos fueron cumplidas de forma parcial y el resto no se llevaron a cabo, indica un estudio del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

 

"De las diez medidas comunicadas sólo una se ha cumplido, la sexta, pues se realizó el operativo en la región de Tierra Caliente (de Guerrero). No se dispone de información sobre el grado de éxito", detalló el documento elaborado por Edgar Cortez.

 

"Dos medidas fueron cumplidas parcialmente. La cuarta, que consistía en que hubiera un solo número nacional para llamadas de emergencia. Hasta ahora sólo se cuenta el visto bueno por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero la puesta en marcha de ese número está pendiente. Mientras que respecto de la octava medida, consistente en acciones para fortalecer los derechos humanos, se han realizado algunas acciones pero otras están pendientes también de cumplirse como las leyes generales de tortura y de desaparición forzada. Siete medidas no se han cumplido", agregó.

 

"A dos meses de sucedida la desaparición de los 43 era urgente anunciar medidas que atendieran el caso pero que también fueran una respuesta más amplia al recurrente problema de la impunidad. El anuncio del decálogo fue poco afortunado pues de las medidas anunciadas la mitad consistía en proponer nuevas leyes y lo más paradójico es que teniendo mayoría en el Congreso de su mismo partido las leyes no se han aprobado. Las iniciativas presentadas nunca han sido una prioridad para el PRI", lamentó.