También ponen en tela de juicio "si efectivamente queremos y podemos superar nuestras deficiencias y omisiones", declaró González al presentar su informe de actividades de 2015 ante la Comisión Permanente del Congreso.

 

De acuerdo con el titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), "es urgente replantear las políticas públicas en esta materia y revisar el marco normativo aplicable, para que estas conductas puedan ser prevenidas o, en su caso, denunciadas, investigadas y sancionadas debidamente".

 

Al hacer un diagnóstico de la situación de los derechos humanos en el país, González dijo que a casi 100 años de promulgado el texto constitucional es inaceptable que los derechos humanos aún sean para muchas personas una mera construcción doctrinal o teórica que no encuentra un reflejo objetivo en la vida diaria.

 

Lamentó que la estabilidad y vigencia de las instituciones se cuestione y ponga en riesgo por la existencia de violaciones graves a derechos humanos, las cuales hablan de un entramado de impunidad, corrupción y de falta de aplicación de las normas, frente al cual "no hemos tenido la capacidad de actuar con la pertinencia y oportunidad que serían necesarias".

 

"Es necesario tomar en serio los derechos humanos, que son el elemento básico para sustentar los cambios para lograr un México más justo e incluyente, con un verdadero Estado de derecho en donde la corrupción y la impunidad no tienen cabida", comentó.

 

El ombudsman destacó la necesidad de que este año sea implementada de manera efectiva la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada en 2011.

 

El 26 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, Guerrero.

 

Según la versión oficial de lo ocurrido, los 43 fueron retenidos por policías en Iguala y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron sus restos en un basurero del municipio vecino de Cocula.

 

Esa versión ha sido cuestionada por expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que estudian el caso desde marzo pasado.

 

El pasado 11 de enero, cinco jóvenes, entre ellos una menor de edad de 16 años, desaparecieron en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz, presuntamente tras ser detenidos en una gasolinera por agentes policiales y entregados a un grupo criminal. EFE