Deuda de Zacatecas, casi igual a sus participaciones
Réplica de Medios| 25 nov. 2015
Jueves 15 de octubre de 2015
La deuda pública de la entidad, que asciende a unos 21 mil millones de pesos, equivale a 92.7 por ciento de sus participaciones federales anuales, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acusaron diputados locales durante la comparecencia de tres secretarios estatales.
Legisladores de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Morena y del Trabajo sostuvieron que el priísta Miguel Alejandro Alonso Reyes, quien el 8 de septiembre presentó por escrito su quinto informe de gobierno, prácticamente hipotecó la entidad.
La coordinadora del blanquiazul, María Medina Padilla, lamentó que a pesar de que Alonso Reyes se comprometió en 2010 a aplicar un plan de austeridad, "es notoria la irresponsabilidad con que ha manejado las finanzas del estado, a tal grado que hoy Zacatecas es la novena entidad del país con mayor deuda pública.
En Zacatecas la deuda per cápita ha crecido de manera exponencial: mientras en 2000 debíamos 29.11 pesos por habitante; en 2010 eran 457.51 y rn 2014, 8 mil 633.26 pesos, lamentó.
El diputado perredista Rafael Flores Mendoza detalló que Alonso Reyes ha contratado empréstitos por más de 6 mil 849 millones de pesos y acusó de corrupción y encubrimiento al auditor superior del estado, Raúl Brito, y al secretario de la Función Pública, Guillermo Huízar Carranza.
Soledad Luévano Cantú, diputada del partido Morena, afirmó que Zacatecas vive la peor crisis de corrupción de su historia y que uno de los principales beneficiarios ha sido Juan Alonso Reyes, hermano del gobernador, quien presuntamente cobra diezmo a constructores de obras públicas en la entidad.
La mayor parte de los pasivos, herencia del PRD: tesorero
Fernando Soto Acosta, secretario de Finanzas estatal, afirmó que ha actuado de manera responsable en la aplicación y captación de recursos y en el manejo de la deuda pública, que asciende a 14 mil millones de pesos, de los cuales 11 mil fueron heredados como deuda oculta por la pasada administración, que encabezó la perredista Amalia García Medina.
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