El Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) deberá hacer públicos los nombres, cargos y resultados de los exámenes de control y confianza aplicados a sus altos mandos, entre 2006 y agosto de 2015.

 

La información deberá estar desglosada con la fecha del resultado de la evaluación, así como el área y entidad federativa donde laboran los funcionarios.

 

Por instrucción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) el Cisen también deberá buscar y entregar los datos de los altos mandos evaluados en las instituciones estatales y municipales de seguridad y procuración de justicia, así como de altos mandos de las delegaciones del Gobierno Federal en las entidades federativas, durante el mismo periodo.

 

Lo anterior obedece a que en su respuesta inicial a la solicitud de un particular, el Cisen señaló si bien aplica evaluaciones de confianza periódicamente a sus servidores públicos, la información sobre estructura orgánica y nombres de servidores públicos, están clasificados como reservados por un periodo de cuatro años.

 

Añadió que, previa solicitud formal, puede apoyar en la evaluación de funcionarios de otras dependencias de acuerdo a su capacidad de atención pero en esos casos envía los resultados de las evaluaciones a la dependencia solicitante y no conserva copia o registro de los mismos.

 

La dependencia afirmó no tener la información con el nivel de desglose requerido, pero a fin de cumplir con el principio de máxima publicidad, entregó al particular una base de datos sobre los altos mandos evaluados, que contiene el puesto evaluado, número de funcionarios evaluados y entidad solicitante.

 

Además, indicó que no ha evaluado altos mandos en las delegaciones del gobierno federal en las entidades federativas.

 

Inconforme con la respuesta, el particular interpuso un recurso de revisión que fue turnado al comisionado Joel Salas Suárez. En él argumenta que la información entregada es parcial y además ya ha sido transparentada por la Procuraduría General de la República (PGR).

 

A pesar de ello, en los alegatos el Cisen mantuvo su postura y sostuvo que al entregar la información requerida se vulneraría la reserva de estructura y directorio "poniendo en riesgo la vida e integridad física de los servidores públicos adscritos a este Centro". Además indicó que la reserva fue confirmada por su Comité de Información.

 

En el análisis del caso, el comisionado Salas no halló datos que den cuenta que el CISEN ha evaluado a personal del gobierno federal.

 

Respecto de los datos de las personas evaluadas adscritas al Cisen, advirtió que si bien los nombres y la estructura orgánica de la dependencia se encuentran reservados, los datos de los altos mandos son en el Portal de Obligaciones de Transparencia.

 

Los nombres de los altos mandos de seguridad pública y seguridad nacional en las 31 entidades federativas y en el Distrito Federal de acuerdo con artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia, abundó, es información que obligatoriamente debe ser pública.

 

Además señaló las evaluaciones de control y confianza indicó que son obligatorias por lo que no es un requisito sujeto a discrecionalidad de autoridad alguna y sus consecuencias legales son permanecer en el cargo o ser removido del mismo.

 

En ese sentido refirió que dar a conocer los resultados de las evaluaciones aplicadas a los altos mandos permite a los ciudadanos conocer los niveles de "confiabilidad, eficiencia, profesionalismo y competencia de éstos, lo cual favorece la rendición de cuentas".

 

La aplicación de exámenes de control y confianza a altos mandos de las instituciones de seguridad y procuración de justicia estatales y municipales, subrayó el comisionado, implica "que se pueda verificar que, efectivamente, cuentan con una adecuada preparación profesional, así como los principios de honestidad, disciplina, discreción, vocación de servicio y competencia para ocupar sus cargos, lo cual favorece la rendición de cuentas a los ciudadanos".

 

Por ello, el comisionado Salas Suárez propuso al pleno del INAI modificar la respuesta del Cisen e instruirle a realizar una nueva búsqueda exhaustiva de la información y entregar el detalle solicitado sobre los altos mandos adscritos al organismo de 2006 a agosto de 2015.

 

También le ordenó entregar la información relacionada con los altos mandos evaluados por el Cisen en las instituciones locales de seguridad y procuración de justicia, estatales y municipales, de la cual deberá entregar nombre, dependencia, área de adscripción, resultado y fecha de resultado de la evaluación.

 

Y en cuanto a los altos mandos evaluados por el Cisen en las delegaciones del gobierno federal en las entidades federativas, deberá buscar la información y sólo en caso de no encontrarla deberá confirmar la inexistencia.