En tan sólo los primeros cinco meses del año, el gobierno federal multiplicó por siete el monto que la Cámara de Diputados le aprobó para operativos de seguridad pública de riesgo o encubiertos.

Esos recursos, además, se gastan sin supervisión ni transparencia, ya que son utilizados para "capturar delincuentes", detectar operaciones de lavado de dinero o pagar informantes y son gastos urgentes y confidenciales.

 

Hasta mayo de 2015, el gasto en esas operaciones confidenciales ascendía a 4 mil 728 millones de pesos, aunque el Congreso sólo le asignó 560 millones, lo que representa un aumento de 740%.

 

Este gasto lo ha ejercido, fundamentalmente, la Secretaria de Gobernación, que en 2015 ya aumentó su gasto en 2,159%, pues sólo tenía etiquetados 185 millones pero ya reportó 4,180 millones.

 

El destino de esta partida se conoce sólo parcialmente, pues Gobernación, la Procuraduría General de la República, Defensa o Marina únicamente tienen que entregar un acta circunstanciada en la que mencionen el tipo de operación en que la gastan, pero no detallar el destino de las compras, su uso ni el nombre de los informantes.

 

2015 no es el primer año que se supera el gasto programado en la partida 33701, que -de acuerdo con la Secretaría de Hacienda- está destinada para gastos de seguridad pública y nacional en "la realización de programas, investigaciones, acciones y actividades en materia de seguridad pública y nacional, en cumplimiento de funciones y actividades oficiales, cuya realización implique riesgo, urgencia o confidencialidad".

 

En 2014, el cambio entre el presupuesto etiquetado y lo que finalmente gastó el gobierno federal fue de 1,219% más, con una diferencia de 8 mil 811 millones de pesos, según datos de la Cuenta Pública. En ese año se asignaron 722 millones y finalmente se gastaron 9 mil 534 millones de pesos.

 

En la Secretaría de Gobernación, en 2014 el aumento fue de 4,237%, pero también se incrementó el gasto en la Secretaría de Marina (1,029%) y en la Procuraduría General de la República (232%).

 

Un año antes, en 2013, el aumento entre lo asignado y lo gastado fue de 377% cuando se ejercieron 3 mil 925 millones de pesos.

 

El Ejecutivo puede hacer cambios -sin justificar- a los montos que los diputados asignan a las diferentes partidas del Presupuesto de Egresos.

 

En los últimos resultados del Índice de Presupuesto Abierto, el Congreso mexicano obtuvo una calificación de 20 puntos sobre 100 en el seguimiento que debe hacer al gasto, pues el Ejecutivo puede modificar las partidas sin tomar en cuenta al Legislativo.

 

Al ser una partida de operativos confidenciales, tampoco es posible saber en qué se gastan los montos modificados y por qué el gobierno federal necesita aumentar el gasto hasta 4 mil por ciento para acciones de seguridad.