28 de marzo de 2016

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) ha emprendido una ''campaña de discriminación y criminalización contra las radios comunitarias'', señaló Aleida Calleja, de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi). Luego del cierre de varias emisoras con el argumento de que ''roban el espectro'', la institución ''ejerce la fuerza del Estado contra pueblos ya de por sí asediados, carentes de poder y capacidad para defenderse'', dijo.

Calleja fue miembro del consejo consultivo de Ifetel hasta finales de febrero. Comenta que, sin dar explicación, el instituto decidió no refrendar a una de las dos voces insistentes sobre medios comunitarios. ''Quizá tenían prevista esa política y era conveniente que no estuviera. No sé'', expresó. Aún queda Erick Huerta Velázquez, otro experto en radio social, ''pero es evidente que están reduciendo a los consejeros que conocen y se interesan por el tema'', denunció.

En tanto, a casi dos años de la promulgación de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el rezago de las radios comunitarias se ilustra con la presencia de tan solo 16 en todo el país con permiso para operar.

Las que no tienen autorización para transmitir padecen la acometida del instituto con ''acciones represivas y persecutorias''. El Ifetel está violando ''los estándares de la libertad de expresión. No es proporcional lo que hace y genera un efecto criminalizador''.

Es facultad de ese organismo cuidar que el espacio radioeléctrico se utilice en el marco de la ley, con la mejor eficiencia, reconoció. Pero ''sabe, y si no, es muy grave, que hay muchísimas comunidades que desconocen cómo pedir una licencia''.

Entonces, primero debería acercarles la información y luego ''hacer realidad el apoyo técnico, administrativo y jurídico que se debe ofrecer para ese tipo de medios'', apuntó Calleja, quien es también coordinadora del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom).

Las radios comunitarias permiten que aquellas poblaciones a las que ''más les han pisoteado sus derechos humanos'' tengan un medio para denunciarlo; ubican casos de corrupción, hablan en su propio idioma, abordan temas de su cultura. Mujeres, campesinos, obreros, jóvenes, chavos banda, poblaciones generalmente excluidas ''ejercen en esos medios su libertad de expresión''.

Por ello, ''son incómodos para muchos intereses. Para los locales, como caciques o alcaldes que no les gusta rendir cuentas, o medios comerciales que no quieren competencia de audiencias y contenidos, así como algunos gobiernos estatales y poderes fácticos no legales, como el crimen organizado", puntualizó.