27 de noviembre 2015

 

Sólo en un año la Policía Federal abrió 14 expedientes administrativos contra sus elementos por presuntas conductas que pudieran derivar en violaciones a derechos humanos, estableció la corporación en una respuesta de información.

 

En cinco de esos casos, donde se han reportado 56 civiles muertos, ningún federal ha sido procesado penalmente.

 

En julio pasado la Secretaría de Gobernación anunció el inicio de una investigación en contra de un grupo de federales por el presunto abatimiento de diez personas en Apatzingán el pasado 6 de enero.

 

El miércoles la CNDH acreditó que Policías federales remataron con dos tiros a un civil que yacía en el piso, herido y sin armas.

 

El 22 mayo, 42 civiles y un policía fallecieron en Tanhuato cuando los agentes federales efectuaron una redada en un rancho supuestamente ocupado por criminales.

 

La organización Human Rights Watch (HRW) señaló que tres personas que presenciaron los hechos señalaron que los federales dispararon a personas que estaban escapando del lugar o estaban bajo custodia policial.

 

En junio, en Tlapa, Guerrero, en el marco de la jornada electoral, federales golpearon a colonos y mataron a una persona, tras una operación de rescate de sus compañeros, que se encontraban retenidos en una Iglesia.

 

Los expedientes por violaciones a derechos humanos abarcan a más de cien nombres de federales entre mandos y tropa, de acuerdo con fuentes de la corporación.

 

En agosto, a un año de su creación, la Gendarmería fue señalada por un grupo de ciudadanos de matar a un hombre en Ciudad Madero, Tamaulipas, a quien presuntamente también le sembraron droga.

 

Se trató de José Miguel Rangel López, de 31 años de edad, quien era radioperador de buques de una empresa naviera francesa.

 

Apenas en septiembre agentes federales fueron acusados por ciudadanos de Tabasco de asesinar a los jóvenes Alejandro Contreras Sierra y Miguel Ángel López Martínez, quienes fueron acribillados por los uniformados cuando los agentes perseguían a unos agresores.

 

Según las denuncias, Contreras y López nunca agredieron a los federales y se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en el interior de una camioneta estacionada cuando fueron balaceados por los federales.

 

De 2010 a la febrero de 2015 un total de 242 agentes federales han sido procesados para responder por esos atropellos, 97 de ellos, han sido consignados en este sexenio, establece un reporte oficial entregado vía Transparencia.

 

De hecho, la cifra más alta de consignados se reportó en 2013, año en que la corporación cumplió 85 años y en donde el Presidente Enrique Peña Nieto, pidió a los federales no fallar.

 

 

Víctimas del caso Apatzingán exigieron que los agentes federales y soldados responsables de los asesinatos y abusos contra la población civil sean detenidos y castigados.

 

"Los de la CNDH ya dieron su informe. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Borrón y cuenta nueva? Ya tienen las evidencias de que los muchachos iban desarmados, ya saben que los federales asesinaron a los muchachos, pues entonces que los encarcelen", exigió la madre de Luis Alberto Lara Belmonte, quien falleció a las afueras del Ayuntamiento de Apatzingán.

 

Más que una indemnización, reclamó al Gobierno federal que los policías federales y sus mandos sean procesados penalmente.

 

"Ya confirmaron lo que todos sabíamos, ahora queremos saber dónde están esos policías que le dieron muerte a los jóvenes, a mi muchacho ¿Dónde están encerrados? A mi hijo lo armó (el ex comisionado federal en Michoacán) Alfredo Castillo para la Fuerza Rural y ni un peso le pagó por ello", reclamó.

 

La señora indicó a REFORMA que ayer, personal de la CNDH le hicieron entrega de varias fojas con el resultado de sus investigaciones.

 

"¿Pero nada más? Necesito ver a los policías castigados, ellos como CNDH ya hicieron su trabajo, ya sabemos que fue una masacre, siempre lo dijimos, porque no traían armas ¿Dónde están los castigados? ¿Quién va a resolver eso? Eso mismo les voy a decir a los de la CNDH, no quiero que le vayan a dar carpetazo a esto, me dieron un informe y ya, pero necesito ver a los culpables encerrados, no sólo un informe", abundó la madre de Lara, de 22 años.

 

En las investigaciones de la CNDH se identifica como V1 a Lara Belmonte y asegura que presentaba un golpe de un objeto contundente que derivó en su fallecimiento. El joven quedó tendido en el estacionamiento del Palacio Municipal, hasta donde ingresó una camioneta de la Policía Federal.

 

"Esta Comisión Nacional considera que se encuentra acreditado indiciariamente la participación de la PF en la privación de la vida de V1, razón por la cual debe efectuarse una investigación seria, imparcial y efectiva a fin de que se esclarezcan los hechos y se determine la responsabilidad penal de quien o quienes resulten responsables con el propósito de que los hechos no queden impunes", se asentó en la Recomendación 3/2013 de la CNDH sobre el caso Apatzingán.