Al ya tradicional recorte a la estimación oficial sobre crecimiento económico (que fue la constante en 2013 y 2014) ahora se suma el efecto resultante del ajuste presupuestal anunciado días atrás por el ministro de Malinalco cuando, dicho sea de paso, aseguró que tal tijeretazo no tendría efecto alguno en el pronóstico original (entre 3.2 y 4.2 por ciento para 2015).

Pero resulta, ¡oh, casualidad!, que sí, y la proporción la puso ayer el siempre optimista secretario de Economía, Ildefonso Guajardo: medio punto porcentual menos como resultado del ajuste presupuestal, de tal suerte que el pronóstico de crecimiento (ya reducido a cerca de 3 por ciento por algunos organismos internacionales) podría caer a 2.5 por ciento. Ello sin olvidar que nada garantiza que a lo largo del año la tijera de Malinalco no vuelva a utilizarse para aplicar uno o más recortes adicionales al presupuesto federal, con lo que la expectativa de crecimiento en el tercer año del presente sexenio mantendría su tendencia ya prácticamente natural, esto es, a la baja.

Como siempre, un recorte presupuestal afecta los planes en muchos sectores, pero el problema se agudiza cuando es notorio que el ejercicio del gasto público es deficiente y que no ayuda a estimular el crecimiento económico. Como bien advierte el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC), el gasto público es el reflejo de la política económica y sus resultados muestran la eficacia de la misma, y en este contexto el gobierno le sale a deber a los mexicanos desde hace muchísimos años.

El comportamiento económico y social que ha caracterizado a México entre 1982-2013 es delicado: escaso o casi nulo crecimiento económico, crisis recurrentes (1982, 1987, 1995, 2001, 2009, unas más profundas que otras), aumento desmedido de la informalidad, la pobreza, la precariedad laboral y la migración, lo que reclama la urgencia de evaluar los programas y proyectos sobre los cuales se ejerce el presupuesto y a partir de los cuales se puede incidir directamente sobre el bienestar de la población. Un hecho fundamental es que la política de gasto de gobierno no ha logrado superar su improductividad característica, su dependencia petrolera y su naturaleza creciente sin resultados concretos.

El IDIC apunta que el crecimiento anual del gasto de gobierno ha generado un entorno fiscal poco propicio para el desarrollo económico: aumento en los impuestos, tanto los relacionados con el consumo (IVA) como a los vinculados al ingreso (ISR), lo que supuestamente debería facilitar la operación financiera del gobierno. Sin embargo, ello no necesariamente ha implicado que se tenga un gasto público más eficaz, las estadísticas así lo señalan. Así, el problema para el gobierno no ha sido la falta de dinero.

Aunados a los mayores requerimientos fiscales, los ingresos petroleros también han sido crecientes. Por ejemplo, el precio promedio del barril del petróleo en 2006 fue de 53.1 dólares, en tanto que a partir de 2011 la media superó los 100 dólares. Además, se ha contado con recursos adicionales por el alza al precio de los combustibles: 33 por ciento más en 2011 que en 2006. Al mismo tiempo el gobierno federal ha incrementado su deuda: de 1.8 billones a 4.7 billones de pesos (para el sector público supera los 7 billones), pero ¿quién pagará dichos saldos? ¿Cuál es el costo para que puedan plantearse objetivos de crecimiento más ambiciosos para la economía? Ello, en un entorno de escaso crecimiento y menores expectativas.

El mayor ingreso, en principio, debió dotar al gobierno federal de recursos suficientes para alcanzar mejores resultados, pero no fue así. La revisión del gasto público permite afirmar que su crecimiento exponencial es atribuible al incremento derivado de las erogaciones corrientes. En este sentido, se configura una estructura de gasto con una escasa incidencia sobre el desarrollo económico y social del país. Si bien la inversión física también se ha elevado, es evidente que su variación ha sido menor, debido justamente a los gastos improductivos de operación y de las desmesuradas remuneraciones a los funcionarios públicos. Por tanto, cuando el gobierno sacrifica la inversión pública, reduce las capacidades productivas del país, por lo que no es de extrañar que en la actualidad México siga sufriendo de una sistemática merma de competitividad en el escenario internacional.

En un México sin petróleo, subraya el IDIC, el país debería ser capaz de sostener su gasto con cerca de 30 por ciento menos del actual, lo que significaría, en números cerrados, un billón 200 mil millones de pesos menos en 2015, suma que se acerca al presupuesto asignado a Gobernación, Educación Pública, Salud, Desarrollo Social, Conacyt, IMSS e Issste, lo que implica mermas importantes para la estabilidad, el crecimiento y el bienestar social.

El análisis del gasto de gobierno, advierte, plantea la necesidad de realizar su reorientación, suprimir una parte sustancial de los recursos destinados al aparato burocrático, a los gastos de operación y a garantizar que el dinero destinado a la inversión pública genere resultados en términos de desarrollo económico. De otra manera, los impuestos que paga la sociedad y el uso del ahorro petrolero solamente constituyen un paliativo coyuntural a los requerimientos que México tiene en aspectos relevantes como la lucha contra la pobreza, la inseguridad, la desocupación y la mortandad de empresas.

De acuerdo con el Inegi, en 2013 el valor agregado bruto del sector público a duras penas aumentó 0.4 por ciento en términos reales respecto al de un año antes. A su interior, el del gobierno creció 0.8 por ciento, en tanto que el de las empresas públicas permaneció sin cambio en el mismo año. Ello significa que a pesar de que en ese momento se ejerció un presupuesto histórico, los beneficios económicos siguen siendo marginales. Como puede apreciarse, el aumento del valor agregado del sector público fue inferior al que alcanzó el sector privado. Para 2013 la participación del sector público en la generación de valor agregado total pasó de 20 a 19.4 por ciento, situación que refleja un problema estructural: la baja productividad que tienen los programas de gobierno.

Las rebanadas del pastel

Y para animar la fiesta, el dólar en ventanilla se vendió a 15.28 pesos bilimbiques, su mayor nivel desde abril de 2009.