Boletín Informativo

Mexicali, B.C.,

28 de octubre de 2014

Improcedente la ampliación del periodo de Permanencia de Consejeros de la Judicatura

Con seis votos en contra y dos abstenciones, se declaró improcedente el dictamen que contiene la iniciativa que pretendía reformar los artículos 60, 64 y 65 de la Constitución Política de Baja California, la cual se votó en Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación que presiden los Diputados Juan Manuel Molina García y Roberto Dávalos Flores, respectivamente. 

Dicha sesión de trabajo, estuvo dirigida por el Coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, quien expuso ante los asistentes, medios de comunicación, barras de abogados y de sus compañeros legisladores los motivos del porque dicha iniciativa se consideraba improcedente.

"No se puede reformar la Constitución, violándola, por lo que se propone que se declare improcedente en todos sus términos la iniciativa de reforma presentada por el diputado Gallardo García", estableció el diputado Juan Manuel Molina García, Presidente de la Comisión de Justicia.

Esta iniciativa de reforma, cuyo inicialista es el legislador Fausto Gallardo García, tenía la intención de establecer nuevos mecanismos de elegibilidad y permanencia en el cargo de consejero del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, así como establecer una disposición transitoria que permitiera a los actuales consejeros permanecer dos años más en el cargo y darles el derecho de ratificación.

En ese sentido, la intención de dicha modificación constitucional permitiría eliminar la restricción que actualmente prevalece en la fracción VIII del artículo 60 de la Carta Magna local, respecto a que para ser magistrado del Poder Judicial se requiere no haber sido titular de una dependencia pública federal, estatal o municipal durante el año previo a la fecha en la que deba ser nombrado. 

Asimismo, planteaba que los consejeros del Consejo de la Judicatura designados por el Poder Ejecutivo y Legislativo, tengan un periodo de tiempo en su cargo de seis años, con posibilidad de reelección hasta por un periodo adicional; además, establecer exámenes de mérito y conocimientos a los aspirantes del mencionado Consejo.

Durante la sesión de las Comisiones Unidas se contó con la presencia de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la magistrada María Esther Rentería Ibarra, así como los magistrados Juan Salvador Ortiz Morales y Jorge Armando Vásquez.

También estuvieron presentes los representantes de los colegios de abogados de Mexicali y Tijuana como los licenciados Pedro Ariel Mendívil García, Juan José Castro Crespo y Juan José Briones, quienes expusieron su negativa con bases jurídicas a la referida pretensión legislativa al momento de permitírseles el uso de la voz.

Después de lo expuesto por los diferentes actores presentes en la sesión de trabajo, los diputados, decidieron que la iniciativa era improcedente con voto unánime por parte de los mismos, después de analizar en base a las opiniones jurídicas, emitidas por los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), representantes de colegios, asociaciones y barras de abogados de Mexicali y Tijuana, y por los propios órganos técnicos del Congreso, quienes señalaron que su contenido era violatorio de la propia Constitución.

Por parte de las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación estuvieron presentes los diputados Juan Manuel Molina García, quien fungió como presidente; Roberto Dávalos Flores, secretario; y los vocales Gustavo Sánchez Vásquez, Cuauhtémoc Cardona Benavides, Felipe de Jesús Mayoral Mayoral, René Mendívil Acosta, Rosalba López Regalado y Nereida Fuentes González.