Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó por 419 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones, un dictamen que abroga la Ley de Amnistía creada en 1978, al considerar que cumplió con su propósito y resulta irrelevante en la actualidad, pero se mantiene otra de 1994. La legislación establece que se decretaría amnistía en favor de todas aquellas personas en contra de quienes se haya ejercitado acción penal ante los Tribunales de la Federación o ante los Tribunales del Distrito Federal en materia de fuero común, hasta la fecha de entrada en vigor de la Ley, es decir, 1978. El dictamen para derogar esa ley surge de una iniciativa presentada en agosto de 2013 por los diputados Ricardo Monreal Ávila, Ricardo Mejía Berdeja y Alfonso Durazo Montaño, de Movimiento Ciudadano, y se turna al Senado de la República para su análisis. En tribuna, diputados recordaron que esta ley fue decretada en favor de quienes se ejercitó acción penal por los delitos de sedición, instigación, incitación, rebelión, conspiración u otras faltas cometidas al formar parte de grupos, impulsados por móviles políticos, con el propósito de alterar la vida institucional del país. Al fundamentar el dictamen, a nombre de la Comisión de Justicia, la diputada Claudia Delgadillo González del PRI, refirió que a más de treinta años de su promulgación, la legislación ha cumplido con su propósito al reincorporar a la vida pública a los integrantes de aquellos grupos disidentes, además de aplicarse a los hechos y situaciones que le dieron origen, por lo que su prevalencia en el sistema jurídico mexicano resulta irrelevante. No obstante, agregó, es necesaria la creación de un nuevo ordenamiento que contemple las actuales situaciones políticas del país. Abundó que a la fecha, perduran vigentes dos leyes de amnistía: la publicada el 28 de septiembre de 1978 y la del 22 de enero de 1994, esta última tras el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). "Ambas leyes se crearon con un objetivo en particular, derivadas de los hechos sociopolíticos ocurridos en las épocas correspondientes", añadió. La diputada Delgadillo González consideró que la abrogación no viola ninguna otra disposición constitucional y en cambio, resulta procedente, en virtud de que la que quedaría vigente beneficia a quienes participaron en el levantamiento de 1994 en Chiapas. "Se trata entonces de un procedimiento de técnica legislativa que no debería representar mayor dificultad", concluyó. Al hablar a favor del dictamen, la diputada Lilia Aguilar Gil (PT) destacó que la abrogación de esta ley no es un procedimiento cualquiera, es recordar que hubo movimientos sociales serios que cambiaron al país. "La Ley de Amnistía de 1978 nos remite a leyes sociales de los 60 y 70, donde obreros, estudiantes, intelectuales, campesinos y ciudadanos, conscientes de la terrible situación que guardaba un gobierno autoritario, casi fascista, fueron primero, perseguidos políticos, y después presos políticos, lo que obligó en 1979 a la Reforma del Estado que permitiría la inclusión plural de grupos de izquierda", refirió. Zuleyma Huidobro González de Movimiento Ciudadano mencionó que si bien esta ley ha cumplido su propósito, resulta menester la creación de un nuevo ordenamiento, ya que de acuerdo con cálculos de organizaciones no gubernamentales, más de mil personas en los últimos años han sido encarceladas por motivos políticos. "Se habla de activistas presos en por lo menos nueve estados, muchos de ellos son indígenas y las causas de su detención se debe a diversas naturalezas. Campesinos en lucha por la tierra, obreros en defensa del empleo, promotores de derechos humanos, líderes de movimientos comunitarios, indígenas en defensa de su autonomía", aseguró.