PACHUCA DE SOTO, 07 Jun.-Hoy no basta una Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio Periodístico, pues se necesita una verdadera garantía para que los comunicadores ejerzan su profesión sin restricciones, sin represión y con el respeto que se merecen. En el marco del Día de la Libertad de Expresión, Movimiento Ciudadano se compromete a apoyar este derecho humano básico, constitucional y fundamental, y contando con el apoyo de todo el gremio periodístico y de la ciudadanía en general, este será uno de los principales temas a favorecer en la próxima legislatura. Así lo manifestó la dirigente estatal y candidata plurinominal de Movimiento Ciudadano, María Cruz García Sánchez, quien recalcó que a casi un año de haber aprobado la Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo, aún no se ha realizado la reglamentación de la misma, lo cual es preocupante porque cada vez es más común saber sobre agresiones hacia periodistas y reporteros. No debe quedar sólo en voluntades políticas o esperar a que ocurran tragedias como en otras entidades federativas, para poder avanzar y garantizar seguridad y respeto hacia esta noble profesión, dijo. Aseveró que México se encuentra entre las tres primeras naciones donde el ejercer el periodismo representa un riesgo inminente, ya que en los últimos 10 años alrededor de 66 periodistas han sido asesinados, más las amenazas, intimidaciones y agresiones. Tan sólo en este año se han registrado más de 50 agresiones en el país, un asesinato y tres ataques a medios de comunicación. En el contexto estatal, de 2012 a la fecha el Observatorio de Derechos Humanos de Periodistas y Personas que Ejercen la Comunicación, ha atendido ocho quejas por agresiones a periodistas. Finalmente, María Cruz García aseveró que desde el Congreso local trabajará para garantizar la protección de este gremio, que no sólo se queden en simples exhortos sino que haya verdaderas sanciones para quienes atenten contra la libertad de expresión.