28 de agosto de 2018

· Personal que labora en el Congreso  será capacitado para mejorar la atención a la comunidad sorda jalisciense y dar cumplimiento a la legislación en materia de inclusión

El personal del Congreso del Estado será capacitado en Lengua de Señas Mexicanas (LSM) y se propiciará que las sesiones de Pleno y de Comisiones cuenten con intérpretes profesionales acreditados, con el fin de que el Poder Legislativo pueda brindar mejor atención a la comunidad sorda de Jalisco y de paso, empezar a dar cumplimiento a las disposiciones contempladas en la Ley para la Inclusión y el Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco.

En un acuerdo legislativo promovido por los diputados ciudadanos Salvador Caro Cabrera y Augusto Valencia López, aprobado el pasado jueves por el Pleno, se instruye a la Secretaría General del Congreso del Estado de Jalisco para que inicie cursos de capacitación al personal en general  y para que celebre convenios para que las sesiones legislativas puedan contar con profesionales en lengua de señas mexicanas.

 "El objetivo principal de esta acuerdo legislativo es garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos, que además genere un cambio estructural que dé respuesta a las necesidades de las personas sordas debido a las barreras y discriminación social que existe, originado en el rechazo histórico ejercido hacia su lengua, identidad y cultura", explicó Valencia López.

En cumplimiento a las reformas y adicionales a la ley, publicadas el 27 de julio de 2017, las administraciones públicas quedaron facultadas a celebrar este tipo de convenios y obligadas a incluir a profesionales de la LSM en eventos gubernamentales, principalmente para temas de salud y educación y sensibilizar en materia de igualdad y equidad.

 "Lamentablemente, estas reformas al día de hoy no se han tomado en cuenta por parte de los tres poderes del Estado, y conforme a la Ley de Responsabilidades Políticas y Administración del Estado de Jalisco, los actos u omisiones de servidores públicos son materia de responsabilidad administrativa, en este sentido, el ignorar las garantías de las personas sordas es una de ellas", destacó el diputado Valencia.

"La exacta aplicación de la ley es obligación de la autoridad, el realizar actos u omisiones de los derechos fundamentales da pie a ser sujetos de responsabilidad administrativa, es por ello que como diputados conscientes de la falta de acción de los distintos niveles de gobierno, así como de la falta de sensibilidad social y la ausencia de capacitación por parte de los servidores públicos  sometemos a su consideración la presente iniciativa", destacó.

Reconoció que la capacitación del personal de los distintos sectores de gobierno puede generar gastos al erario público, pero necesarios para propiciar una verdadera sociedad incluyente.

El acuerdo aprobado por los legisladores de la LXI Legislatura exhorta también a los 125 municipios a dar cumplimiento a lo establecido en la legislación incluyente.