Ante la ineficacia de las reglas actuales para los juicios políticos, la fracción del partido Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado propuso reformar la Constitución local y la Ley de Responsabilidades, para ampliar el catálogo de funcionarios que pueden ser sancionados por esta vía, pero también para dar mayores herramientas a los ciudadanos que presentan las demandas. El planteamiento de la bancada de Movimiento Ciudadano es para reestructurar todas las etapas del procedimiento, de manera que se garantice que el ciudadano pueda intervenir desde el comienzo hasta el final, pero que además su denuncia "sea atendida dentro de los plazos establecidos". Uno de los argumentos por los que se desechan la mayor parte de las demandas de juicio político, es que el particular no aportó las pruebas suficientes para acreditar la falta. Por ello, se plantea que sea obligación de la Comisión de Responsabilidades recabar dichas pruebas, además de proponer que se quite al ciudadano "la carga económica que representa el pago de copias certificadas para soportar su denuncia". Además, se harían cambios para que pueda presentarse cualquier prueba que sea admitida en otros procedimientos; se establece como legislación supletoria la penal; se amplía el catálogo de servidores públicos sujetos a juicio político, y se señala que la prescripción de la sanción corre a partir de que se emitió una resolución.