A reformar al Judicial
25 de agosto del 2016
Mayor autonomía, pero también transparencia en la toma de decisiones y procesos, están en la iniciativa del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano para una reforma integral al Poder Judicial del Estado.
Ayer, los diputados naranjas expusieron la iniciativa que presentarán hoy ante el Pleno, en la que destaca un aumento de la autonomía, independencia, tecnología y recursos.
Entre los objetivos que tiene esta propuesta, detalló el diputado Ismael del Toro, están dotarlo de mayor autonomía e independencia, abatir el rezago en tecnología y equipamiento, modernizar sus procedimientos y generar indicadores de desempeño.
Otros de los planteamientos es la mejora de perfiles de los funcionarios que integran el Poder Judicial, además de contar con un mecanismo de rendición de cuentas confiable, que incentive la denuncia ciudadana y castigue la ineficiencia y la corrupción.
El legislador explicó que la vía para conseguir los objetivos será a través de tres ejes: Poder Judicial autónomo e independiente; calidad y eficiencia en la impartición de justicia, y transparencia y rendición de cuentas.
En el primero se considera la nueva integración del Consejo de la Judicatura acompañada del procedimiento para Consejeros Ciudadanos, dar autonomía presupuestal, crear una Hacienda Judicial administrada por el Consejo de la Judicatura, a través de un fideicomiso, y una reforma integral en materia de planeación institucional.
En el segundo eje se busca la implementación de concursos de oposición para designar a jueces y magistrados, modernización institucional para transitar de la digitalización de expedientes judiciales a los juicios en línea, y las simplificaciones procesales para limitar las notificaciones personales al emplazamiento a juicio.
Por último, se contempla la creación de un organismo técnico, profesional y especializado, para la revisión y evaluación de la política judicial y la eficiencia en la función jurisdiccional; un Comité de Evaluación de Magistrados para establecer los parámetros y lineamientos para evaluar el desempeño de los magistrados y aplicar las evaluaciones de forma anual, y emitir nuevas reglas para la sanción de jueces y funcionarios judiciales.
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