Ciudad de México, marzo 7.- El gobierno de Baja California que tiene a su cargo Kiko Vega se ubicó en el grupo de los más mal administrados del país, de acuerdo con el Indicador de Mala Administración Gubernamental (IMAG), de la influyente revista, Forbes, elaborado con base cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública y estimaciones elaboradas por el Instituto Mexicano para la Competitividad.

Acompañan a Baja California como los peor administrados Baja California Sur, Morelos, Hidalgo, los cuales ocupan las tres primeras posiciones, dejando el cuarto sitio a B.C. en el Indicador que se evalúa a las entidades por la forma en que gestionan sus recursos financieros, materiales y humanos, además de sus contratos. De acuerdo con las puntuaciones, Baja California Sur es el peor con 92.5 unidades, seguido de Morelos con 77.5, en tercero Hidalgo con 75 puntos y luego el Estado que gobierna Kiko con 72.5 puntos En su reporte la revista ubica en los mejores lugares a Nuevo León, Yucatán, Tabasco, México, Distrito Federal y Aguascalientes . Los resultados generales del indicador referido muestran lo siguiente: Mala gestión de recursos financieros

Respecto de la administración de los recursos financieros se evaluó la razón que existe entre la deuda pública contraída con relación a los ingresos propios, contemplando estos últimos la totalidad de los recursos captados vía impuestos, derechos y aprovechamientos.

Si bien la SHCP presenta estadísticas sobre las obligaciones financieras de los estados y su afectación en las participaciones federales, se consideró más preciso hacer un ejercicio similar sobre los ingresos propios, pues ello refleja un compromiso del gobierno para mejorar sus finanzas con la intención de cubrir su adeudo, señala Forbes.

Es así como puede apreciarse que en el hipotético de que la deuda pública se pagara exclusivamente con los ingresos propios de las entidades, Coahuila tardaría cerca de 8 ejercicios en saldar la misma, seguida de Nayarit, Michoacán y Veracruz, que necesitarían cerca de 6 años para pagar su empréstito.

A diferencia del indicador anterior, que cuenta con una base en el año 2014, también se ocupó información del Índice de Información Presupuestal 2014 elaborado por el IMCO, que ocupa como base en su análisis el ejercicio 2012. En el referido se aprecia como un dato muy significativo que 7 de cada 10 pesos gastados por las administraciones de los gobiernos lo hacen en gasto corriente.

Dado que no existe una armonización contable en cuanto a la forma en que las entidades federativas informan la aplicación de su gasto público, la institución realizó una serie de estimaciones para conseguir dicho objetivo, encontrando que los gobiernos de Yucatán, San Luis Potosí, Tamaulipas, Durango, Puebla y Baja California son los que más gastan en sostener sus propias administraciones, limitando tanto sus inversiones como el resto de los rubros prioritarios para la población.

MALA GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES

Forbes señala que los gobernadores, acostumbrados a erogar recursos para sus gustos suntuosos -cual virreyes coloniales-, tampoco escatiman cuando se trata de administrar de manera incorrecta los recursos materiales que tienen a su disposición, siendo una prueba de ello los vehículos que designan para los trabajadores de los despachos donde atienden, así como tampoco lo hacen en los vehículos que designan al personal que auxilia a las primeras damas.

Colima, Sonora, Baja California Sur, Tlaxcala e Hidalgo son ejemplo de las administraciones que mayor número de vehículos oficiales designan a los trabajadores que laboran en el Despacho del Ejecutivo. Así, tanto asesores como auxiliares, en su mayoría, gozan de un vehículo oficial para poder llevar a cabo sus funciones.

Incluso, en la administración de Hidalgo es muy probable que un auxiliar de lustrado de calzado -subalterno del asesor de imagen- cuente también con un automóvil, puesto que en dicha entidad hay un mayor número de vehículos a disposición del Despacho del Ejecutivo que trabajadores en esa área.

Zacatecas, Nayarit, Coahuila, Hidalgo, Durango y Baja California son las administraciones que mayor proporción de vehículos destinan a sus respectivas áreas DIF respecto de su flotilla total. Cabe mencionar que tanto para el Despacho del Ejecutivo como para el Sistema DIF no debe ser una prioridad la asignación de vehículos oficiales, siempre que en 8 y 12 entidades, respectivamente, la proporción de los mismos es menor al 1% de la flotilla con la que dispone la administración gubernamental, habiendo entidades donde la cifra es de cero vehículos para estas áreas. Para el caso de Baja California, el gobierno cuenta con una flotilla de 5 mil 954 vehículos, de los que 236 se encuentran asignados al Sistema DIF, donde está Brenda Ruacho, espòsa de Kiko, quien de acuerdo con Forbes, le asigna el 4 por ciento del total de las unidades.

MALA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Las administraciones gubernamentales tampoco llevan a cabo una buena gestión de sus recursos humanos,ya que de cada 4 empleados con sueldo entre 1,500 y 5,000 pesos mensuales existen 5 que ganan por encima de 25,000, una desproporción que se agrava si observamos que, en promedio, uno de cada 4 titulares de sus dependencias carecen de formación profesional.

Según la información del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2015, elaborado por el INEGI, el gobierno de Sonora destaca, en todo el país, por ser el que se conduce con menor transparencia a la hora de revelar el ingreso de sus empleados. Y no es para menos: quienes debieran contar con una formación académica más adecuada entre todos sus empleados, los titulares de las dependencias, cuentan con un perfil deficiente para sus funciones, pues 4 de cada cinco ni siquiera cuentan con formación profesional -contando los subalternos con una escolaridad aún inferior-, y encima es el gobierno que presumiblemente mejor paga a sus empleados, rayando los sueldos en lo ridículo.

En Baja California Sur, Baja California, Querétaro, Chiapas, Michoacán, Puebla, Sinaloa y Tlaxcala destacan tanto por la proporción de sus empleados con sueldos mayores a 50,000 pesos mensuales, cifra muy superior al promedio nacional, y porque más de la mitad de los titulares de sus dependencias gubernamentales no ostentan título profesional alguno.

En general, uno de cada 4 titulares de las dependencias gubernamentales en el país carece de formación profesional, aunque ello no ha sido impedimento para que ostenten sueldos superiores a 50,000 pesos mensuales... entre los mencionados y 11 subalternos más por cada titular, pues son cerca de 25,000 los burócratas que tienen estas ostentosas percepciones dentro de las administraciones gubernamentales. Para el caso de Baja California, de los 53 mil 492 trabajadores del Estado, el 2.2% tiene ingresos superiores a los 50 mil pesos mensuales, mientras que el 30% de los titulares de las dependencias estatales no tienen un título universitario, aunque cobran como si tuvieran doctorado.

MALA GESTIÓN DE CONTRATOS

Los gobiernos de las entidades federativas también suelen tener malas prácticas en cuanto a sus adquisiciones y a su obra pública. Según se aprecia en el apartado de Inteligencia de Mercados de Compranet -de la SFP-, en 4 de cada 10 procedimientos, las asignaciones de contratos no parten de una licitación pública, siendo adjudicadas de manera directa o bien simulando un proceso incluyente mediante invitación a cuando menos tres participantes.

Baja California Sur, Guerrero, San Luis Potosí y Veracruz son los casos más lamentables donde se lleva de mala forma la gestión de contratos y de obra pública. En promedio, 56% de su obra pública es realizada por empresas provenientes de otra región, a la vez que 2 de cada 3 pesos que asignan en contratos no se hace mediante licitación pública.

Aquí para Baja California se indica que de los 3 mil 880 contratos celebrados en 2013-2014, el 62.9% fueron entregados directamente a una empresa y en este sentido cabe recordar que incluso el encargado de Finanzas fue llevado a los tribunales por practicar la discrecionalidad en asignaciones.