El uso abusivo de las adjudicaciones directas por parte este gobierno, hoy revelan un caso más de conflicto de interés, complicidad y discrecionalidad.

El día de hoy se publicó en medios nacionales una investigación periodística donde se afirma que el Grupo Huerta Madre, propiedad del empresario veracruzano Arturo Quintanilla Hayek, en consorcio con la compañía holandesa Van Oord, se hizo de un contrato por 4 mil 968.8 millones de pesos con el Gobierno Federal, para las obras de construcción de la refinería de Dos Bocas.

Este caso, presumiblemente, se inscribe en un escenario de conflicto de intereses y complicidad, debido a la cercanía de dicho empresario con la titular de la Secretaría de Energía, dependencia encargada de este cuestionado proyecto. Cómo da cuenta la investigación periodística, la asignación del contrato se realizó mediante adjudicación directa, una práctica que este gobierno ha convertido en la regla para sus procedimientos de adquisiciones y contrataciones.

Bajo este esquema de contratación, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, no solo se trata de un posible ocultamiento de conflicto de interés de la Secretaría de Energía, sino de la utilización indebida de información, tráfico de influencias y abuso de funciones por parte de quien maneja la política energética de este país.

Adicionalmente, Movimiento Ciudadano ha cuestionado el uso generalizado de adjudicaciones directas y ha solicitado a la Secretaría de la Función Pública que se pronuncie al respecto, sin que exista respuesta hasta ahora.

Hoy, estas malas prácticas, revelan otro caso irregular y una posible red de complicidad y conflicto de interés que involucra a la titular de la Secretaría de Energía. La carta publicada en redes sociales por la titular de la SENER no disipa las múltiples interrogantes de este caso, y más allá de este tipo de deslindes informales, las y los mexicanos esperan y exigen dos cosas:

1) Que se inicie una investigación a fondo sobre este caso, para deslindar responsabilidades y disipar cualquier vestigio de conflicto de intereses o actuación irregular por parte de la titular de la SENER. Al tratarse de un proyecto multimillonario, cuestionado por sus impactos ambientales y económicos, no se puede pasar por alto ningún intento de desfalco o de presunta corrupción.

2) Que exista una rectificación gubernamental sobre la política nacional de adquisiciones y contrataciones públicas, para que se deje de hacer un uso generalizado y abusivo de las adjudicaciones directas, mismas que sólo abren paso a la complicidad, la opacidad y el derroche. Se trata de un problema estructural de esta administración que debe ser corregido cuanto antes, y más ante el escenario desfavorable que enfrentan las finanzas públicas.

Aunque la Secretaría de la Función Pública ya ha dejado múltiples dudas sobre su papel en el combate a la corrupción y el conflicto de interés de diversos funcionarios de primer nivel del Gobierno Federal, insistimos en nuestro llamado a esta instancia para que inicie una investigación formal y exhaustiva en torno a este caso.

Al mismo tiempo, Movimiento Ciudadano hace un llamado al Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción para que emprenda una revisión profunda de la política nacional de adquisiciones del Gobierno Federal, para que se corrija el rumbo y se modifique el patrón de compras gubernamentales basado en las adjudicaciones directas y la discrecionalidad.