Fotografía: ABC Nunca Más

Se han cumplido 4 años de la tragedia infantil más grande de los últimos años en nuestro país. El 5 de junio del 2009, los periódicos y la televisión hicieron un nudo en la garganta a todo México con las desgarradoras imágenes y testimonios del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora.

La guardería no contaba con las instalaciones necesarias para enfrentar este tipo de emergencias y el incendio se propagó rápidamente. El saldo fue de 49 niños muertos y 70 gravemente heridos.

La ABC era una guardería subrogada, es decir, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dependencia del gobierno federal, cedió su operación a un grupo de personas a nivel privado. Curiosamente, los beneficiarios de esta subrogación fueron personas directamente vinculadas con la cúpula gobernante de México.  Uno de ellos era una prima de la entonces primera dama de este país, Margarita Zavala de Calderón, quien era socia fundadora de la Guardería ABC.

Más tarde resultó menos curioso ya que descubrimos que otorgar poder legal sobre guarderías subrogadas a familiares de políticos es una práctica bastante común en México, nombres como Tarciso Torres Calderón, primo del ex presidente Felipe Calderón, o José Fox Quesada, hermano del ex presidente Vicente Fox, aparecen entre los beneficiarios del sistema.

4 años después, con la evidencia vigente, con varias órdenes de aprehensión, 30 personajes involucrados y solamente 2 personas (de grado menor) en prisión, la impunidad impera. Funcionarios también implicados en el caso, como el entonces gobernador de Sonora, Eduardo Bours Castelo, y los ex directores del IMSS Daniel Karam y Juan Francisco Molinar Horcasitas fueron deslindados de toda responsabilidad por la Suprema Corte de Justicia.

La prima de la primera dama, Marcia Matilde Gómez del Campo, tampoco ha pisado la cárcel. El gobierno actual de Enrique Peña Nieto tampoco ha ofrecido solución y se escuda en el silencio. Los padres de los niños aún claman, marchan y piden justicia. Aún se prenden veladoras, aún se imprimen carteles con las caras de 49 niños que no debieron morir.

No castigar este crimen aún después de 4 años, nos obliga a toparnos con la insostenible realidad del Estado Mexicano, uno que desprotege a sus niños y protege a sus políticos.