Hermes D. Ceniceros

A partir de octubre en los pueblos del río Sonora se están llevando a cabo asambleas en donde los representantes de los diferentes pueblos afectados por el derrame de tóxicos que se dio el 6 de agosto del 2014 en los ríos Bacanuchi y Sonora por parte de la mina Buena Vista del Cobre, comparten opiniones y manifiestan sus inconformidades. Las quejas de los afectados van desde la falta de agua, hasta aquellas que son producto de la reflexión que deja detrás el haber sido afectado por un sistema negligente e irresponsable, que es capaz de arruinarles la vida a 22 mil personas sin sentir una pisca de remordimiento.

Los Derechos Humanos que se violentan por el derrame en el Río Sonora

La contaminación del río Sonora por parte de Grupo México afecta de manera directa y generalizada a 7 municipios del río Sonora (Arizpe, Bacanuchi, Huépac, San Felipe de Jesús, Aconchi, Baviacora y Ures). En este hecho no solamente se manifiesta la irresponsabilidad de Grupo México, también se deja entrever la complicidad del Estado Mexicano tanto por omisión como por acción. 

Las afectaciones por el derrame no se limitan a las que padece únicamente el ambiente, las repercusiones también tocan de manera homogénea aspectos de ámbito: social, económico, laboral y de salud. En este escenario la lectura que da la defensa de los derechos humanos, permite ver cómo la privación del vital liquido afecta directamente al derecho a la vida y por ende a la de los pueblos. Esto se debe a que el principio de interdependencia de los derechos humanos, el cual consiste en que todos los derechos se encuentran vinculados entre sí, hace que la transgresión hacia uno sólo, como es el caso del derecho al medio ambiente sano, impacte de manera directa a otros derechos.  

En México la reforma constitucional del 2011 establece este derecho en el artículo 4, el cual se relaciona con el Protocolo de  San Salvador en su artículo 12 y el pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 11. La contaminación actual del río Sonora viene de años atrás, y no fue prevenida ni atendida a tiempo a pesar de que la misma CONAGUA advirtió sobre los graves niveles de contaminación que se encuentran fuera de la norma oficial.

Situación actual

El 21 de noviembre del 2014, Alfonso Navarrete Prida, Secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que concluyó la fase de emergencia por el derrame de 40 mil litros de tóxicos de la minera Buena Vista del Cobre, de Grupo México, en los ríos Bacanuchi y Sonora. En esa misma conferencia de prensa el funcionario declaró que ha sido superada la fase de emergencia y que ahora se comienza con la etapa de remediación.

Navarrete Pridas aseguró que en la fase de contención hubo una inversión de 500 millones de pesos del fideicomiso creado para atender la contingencia y que esta inversión se repartió en instalación de tinacos en casas y escuelas, abastecimiento de agua potable, garantizar de que ya no existen desechos tóxico en el río Sonora, así como indemnizar a productores y personas afectadas en su salud.

Sin embargo, la situación que describe el funcionario federal dista mucho de lo que sucede realmente en los pueblos afectados, en donde los pobladores han dejado ver sus molestias por la inequitativa repartición de los tinacos y los apoyos económicos del fideicomiso. Prueba de lo anterior han sido las diferentes manifestaciones de indignación en las diferentes poblaciones afectadas. Una de ellas ocurrida el 17 de octubre en el palacio municipal de Ures. A estas manifestaciones también la han acompañado bloqueos en la carretera y las reuniones de la asamblea de los pueblos del río.

En cuanto a la remediación ambiental, Rodolfo Lacy Tamayo, subsecretario de Planeación y Política Ambiental de la SEMARNAT anunció el 15 de noviembre que se prepara un estudio para cuantificar los daños provocados por el derrame. Según los cálculos del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (Inecc) los costos de la emergencia y la remediación podrían ascender a 20 mil millones de pesos.

Hasta ahora, el Fideicomiso acordado con Grupo México únicamente ha entregado mil millones de pesos de los 2 mil millones que se acordaron, siendo insuficientes para cumplir lo estimado para la fase de remediación.