MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE LAS LEYES SECUNDARIAS DE LA REFORMA ENERGÉTICA

• URGE CONSTRUIR UN POLO LEGISLATIVO PROGRESISTA EN DEFENSA DE LA SOBERANÍA ENERGÉTICA   

Después de 30 años de reformas estructurales de corte conservador la población ha visto aniquiladas sus expectativas de mejores estándares de vida. La ruta de la derecha confeccionada para modernizar a México no ha logrado los resultados esperados. El error de concepción acabó estancando al país.

Tres décadas desperdiciadas en los que los indicadores de bienestar se han deteriorado y la desigualdad se ha profundizado en México. Hoy la educación básica y media superior pública es de muy baja calidad y los jóvenes no encuentran cabida en la educación superior. Las clases medias se han empobrecido. El poder económico está ahora más concentrado y la presencia del capital externo es mayor. La recaudación fiscal es la más  baja de la OCDE y la inversión se ha reducido.

En la última década se tuvieron excedentes petroleros por más de un billón de pesos, pero no aumentó la inversión en Pemex, ni el gasto por estudiante. Vivimos en una economía oligopólica que nos incrementa más del 40% los precios de los productos y servicios de acuerdo con los precios internacionales, las patentes no crecen, la mitad de la población no cuenta con protección social, las instituciones públicas se han debilitado, el poder adquisitivo se ha reducido en un 75%, y la pobreza es mayor que cuando se firmó el TLCAN.

Claramente la respuesta ha sido equivocada. La construcción de un nuevo país está en juego y se requiere una agenda distinta, es decir, innovadora y progresista. ¿Dónde está la falla? México no ha logrado modificar su crisis de desigualdad y el precio que paga por ello es altísimo: el sistema económico es menos estable y eficiente, y por eso hay menos crecimiento; y una crisis de seguridad pública se ha instalado en nuestro país. 

El actual gobierno prácticamente impone, sin una deliberación abierta o democrática, reformas que presentan la misma senda errónea. Las reformas aprobadas en las cámaras legislativas en 2013, con la mayoría del PRI y del PAN, no consideran ni resuelven de fondo los asuntos prioritarios e imperativos para México.

La reforma hacendaria, aprueba que el gobierno se endeude, gaste más y no necesariamente mejor. No propone un nuevo andamiaje para reactivar la economía, para tener un crecimiento sostenido, para recaudar más, ni para que los que más tienen paguen proporcionalmente más impuestos. De hecho le cargan la mano a las clases medias cautivas que pagan regularmente sus contribuciones.  

La reforma financiera asegura que los privilegios para la banca, particularmente la extranjera, sigan y las altas comisiones y costos para las y los ciudadanos también. No impulsa una mayor competencia en el sector, ni más créditos, y olvida por completo mejores condiciones para las y los usuarios.

La reforma educativa se limitó a modificaciones laborales y administrativas de corta visión. No contiene iniciativas que aborden la calidad, el desempeño, la infraestructura, el financiamiento, ni mucho menos la actualización del magisterio, los estudiantes y las escuelas. 

Las reformas constitucionales al sector energético, son contrarias a los intereses nacionales. De la dignidad de 1938, estamos pasando, a la subordinación de 2013.  Con estas reformas, México renuncia a decidir su propia estrategia de seguridad energética, a optar por un modelo desarrollo nacional basado en esta riqueza natural,  tal como sucede en otros países con recursos similares; y a valorar seriamente el impacto medioambiental  del relanzamiento de esta industria.  

Si no actuamos, la renta petrolera se entregará al sector privado internacional y se pondrá en riesgo la seguridad y soberanía energética, la seguridad nacional, la sustentabilidad ambiental, el papel de Pemex como ente económico relevante, mejores precios y condiciones para las y los consumidores, y mejores escenarios fiscales, financieros y presupuestales para el país.

Ante el próximo alud de dictámenes y legislación secundaria en asuntos de telecomunicaciones, energía, político-electoral, transparencia y combate a la corrupción, hacendaria, seguridad y justicia, entre otros, en el período ordinario de sesiones que acaba de iniciar,  la discusión genuina y seria se vuelve muy relevante.

No será un período normal de sesiones. Estamos hablando de leyes no habituales que pueden generar una mayor y profunda división y fractura en el país.

Ante ello, Movimiento Ciudadano expone lo siguiente:

1.- Convocamos a Conformar un Polo Progresista en las Cámaras de Senadores y Diputados para revisar, analizar, construir, impulsar y votar propuestas de manera unificada que beneficien a la población del país y corrijan la orientación planteada en las reformas constitucionales.

2.-En el caso de la legislación secundaria sobre la reforma energética, hacemos el señalamiento público de que las propuestas presentadas por el Polo Progresista no se tomaron en cuenta, como el cambio al régimen fiscal o la autonomía presupuestal y de gestión de Pemex. Más aún, no se hizo eco en el Congreso, ni en la Suprema Corte de Justicia, sobre la solicitud formal de millones de mexicanas y mexicanos para que la decisión sobre las modificaciones constitucionales fuera desahogada a través de la Consulta Popular con carácter vinculante como lo establece el artículo 35 de la Constitución.  

Por ello, reiteramos la convocatoria de consolidar un Polo Progresista de legisladoras y legisladores que se oponga consistentemente a las propuestas de leyes secundarias en materia energética hasta que las instituciones públicas, señaladas en la Carta Magna, resuelvan legalmente la Consulta Popular y sea la ciudadanía quien decida el rumbo de este patrimonio nacional.

3.- Convocamos a los liderazgos progresistas, así como al PRD, PT, Movimiento Ciudadano, Morena, a las organizaciones y movimientos sociales progresistas a que se pronuncien en el mismo sentido. 

4.- Convocamos a desplegar un mecanismo que de seguimiento e informe regularmente de la actuación de las y los legisladores en torno al paquete de reformas secundarias.

Es una llamada urgente. Apostemos por una orientación progresista y otra dirección para el desarrollo, que tenga como prioridad nacional la equidad, las libertades y la disminución sustancial de la desigualdad. Y con ello provocar el crecimiento sostenido, la inversión en nuestra sociedad, el empleo, la innovación, mercados más competitivos y sobre todo el bienestar de la población.

Muchas gracias.