El informe presentado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes [GIEI] de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos [CIDH] sobre el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, evidenció las inconsistencias y omisiones de la investigación realizada por la Procuraduría General de la República [PGR]. La verdad histórica que el entonces procurador sostuvo en su mensaje ante la nación, hoy ha quedado evidenciada como una mentira histórica. 

Esta situación tiene al menos tres repercusiones negativas para la vida del país:  

 

1. A casi un año de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el Estado le ha negado el derecho a la verdad a los mexicanos porque no hay una investigación sólida, no hay respuestas sobre su paradero ni sobre lo que realmente les sucedió, ni garantías de que todos los responsables de su desaparición estén detenidos.   

 

2. Se pone en evidencia la incapacidad de las autoridades para brindar garantías, seguridad y justicia en el país. 

 

3. Aumenta la desconfianza que existe sobre las instituciones de gobierno, que se han mostrado incapaces de dar respuestas ni certidumbre a los ciudadanos: ineficiencia, corrupción, impunidad, colusión con el crimen organizado son las sospechas que pesan sobre las instituciones de este país y que vulneran de manera brutal la confianza en el estado de derecho.  

 

México no podrá avanzar si sus instituciones están sumidas en el descredito ni si los ciudadanos consideran que el gobierno les ha mentido y está rebasado por los problemas del país. 

 

La CIDH demuestra con su informe que la PGR actuó con una incompetencia y un desprecio a la verdad que no pueden ser tolerados frente a un caso en el que asuntos de seguridad nacional se reúnen con el sufrimiento de 43 familias que desde hace casi un año no saben dónde están sus hijos. 

 

Para mover a México no bastan ruedas de prensa ni la creación de comisiones que no dan resultados ni anuncios de decálogos o propuestas que no se han cumplido en el pasado. México necesita respuestas y certezas y es por eso apoyamos las demandas hechas por los Diputados Ciudadanos en la Cámara de Diputados y exigimos al Gobierno Federal:  

 

1. La inmediata conformación de una Comisión de la Verdad, formada por ciudadanos libres, íntegros y de reconocido compromiso con las causas justas.

 

2. Se inicie una nueva investigación tomando como base el informe presentado por la CIDH.  

 

3. Se cite a comparecer ante el Congreso a la procuradora general de la República para Arely Gómez González, para que explique las inconsistencias, errores y omisiones que expuso en su informe la CIDH.

 

4. Se inicie un procedimiento para detectar las omisiones y errores cometidos en la investigación realizada por la PGR y se sancione a quienes resulten responsables. 

 

 

Atentamente

Comisión Operativa Nacional