1.- SÍ a la necesaria modernización de Pemex con apego a la Constitución. NO a su privatización. El petróleo es y debe seguir siendo patrimonio de la Nación.

2.- La reforma energética debe abrirse a un debate de amplia participación social. El pueblo tiene derecho a decidir soberanamente su destino y debe ser escuchado y, por lo tanto, consultado.

3.- Se debaten dos objetivos opuestos: el de soberanía con dignidad, igualdad y bienestar que impulsa Movimiento Ciudadano, o el de la subordinación a intereses particulares.

4.- Pemex no puede seguir siendo la caja chica del Gobierno Federal. Su régimen fiscal debe ser modificado para que reciba el mismo trato que se da a cualquier empresa productiva del Estado.

5.- Es necesario brindarle a Pemex autonomía presupuestal y de gestión, así como fortalecer a la Secretaría de Energía y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos.

6.- La autonomía de Pemex significa que no se sujete la empresa al presupuesto federal anualizado, sino que su Consejo de Administración regule las operaciones del organismo bajo el mandato del Estado.

7.- En la necesaria reestructuración administrativa de Pemex, la empresa debe disponer de sus propios recursos y destinar los excedentes a la inversión productiva para hacerla competitiva.

8.- Es imperativo contribuir a aumentar la reserva petrolera probada con inversiones en investigación y desarrollo a mediano y largo plazo. De hecho, las reservas, de casi 14 mil millones de barriles, se agotarán en diez años si no actuamos.

9.- Ni la autonomía presupuestal ni la de gestión requieren cambios constitucionales. La reforma energética debe mantener la rectoría del Estado en el sector de la industria petrolera tal y como lo contempla la Constitución.

10.- Hace años que no hay restricciones para la inversión privada en la cadena petroquímica, que es la que incorpora valor agregado a los productos del petróleo.

11.- Se debe aprovechar ese marco legal para impulsar una política de industrialización que desarrolle la petroquímica mediante estímulos o más inversión pública.

12.- Fuente legítima de todo poder y de ingresos públicos, a la ciudadanía se le debe garantizar acceso equitativo a los energéticos mediante tarifas y subsidios justos. Se debe combatir la pobreza energética.