12 enero 2016.- A seis meses de que venza el plazo constitucional para su implementación, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que incluye los juicios orales, sólo opera en seis entidades del país de manera plena.

De acuerdo con un reporte de la Presidencia de la República, estos estados son Morelos, Estado de México, Yucatán y Durango, además de Chihuahua y Nuevo León donde los juicios orales ya operaban desde antes de que se aprobara la reforma constitucional.

En el resto de entidades sólo opera parcialmente. Al respecto destaca Sonora; entró en operación parcial el pasado 15 de diciembre.
Entre 2013-2015, se han destinado 9 mil 919 millones de pesos para su implementación; 337 por ciento más de lo invertido entre 2008-2012.
Para la Presidencia, su implementación requiere la participación activa de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El nuevo sistema de justicia penal es más eficaz, rápido y con menor costo económico, ya que consolida un proceso oral y transparente; garantiza la reparación del daño; fomenta el respeto a los derechos humanos; y otorga nuevos derechos a la víctima y al imputado.
Ya opera en mil 700 municipios y delegaciones -de 2 mil 457-, lo cual representa un 69.2 por ciento.

En todos los estados y el Distrito Federal operan el Código Nacional de Procedimientos Penales, o tienen programada la entrada en vigencia en su territorio.

Al 17 de diciembre pasado, la población cubierta por el nuevo sistema de justicia, es de 81.8 millones habitantes (67.6 por ciento).

En tanto, el nuevo sistema de justicia penal se implementará en su totalidad en 15 estados para atender los delitos federales.

Al 17 diciembre pasado, la población cubierta por este sistema en el ámbito federal es de 44.4 millones habitantes, lo que representa el 36.7 por ciento de la población.

El Plan Estratégico de Capacitación en Materia de Justicia Penal y Capacidades Policiales Básicas está en operación, mediante el cual busca capacitar a 350 mil elementos, aproximadamente, de las policías preventivas estatales y municipales antes del 31 de mayo de 2016.

El papel de las policías es básico en la ejecución del sistema de justicia penal acusatorio, al ser los responsables directos de iniciar el procedimiento penal mediante su actuación como primer contacto.

Una de las cinco prioridades del gobierno de la República para la segunda mitad del sexenio, es concretar la transición hacia el nuevo sistema de justicia penal.

Asimismo, consolidar el esquema de colaboración entre órdenes de gobierno; profesionalizar y dignificar a los cuerpos de seguridad; énfasis en el respeto de los derechos humanos; y afianzar la participación social.