Las instituciones del Estado mexicanos están socavadas por el crimen, la corrupción y la impunidad, afirma Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh). Y mientras no reconozca sus fallas, no podrá enfrentar la crisis de derechos humanos que se vive en el país, añade.

Ciudad de México, 20 de octubre (SinEmbargo).- México responderá hoy en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, DC, capital de Estados Unidos, sobre la grave crisis de derechos humanos que, de acuerdo con el Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, y de la propia CIDH, se vive en el país.

Responderá por el informe y las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales alrededor del caso Ayotzinapa, que sólo han sido aceptadas en el discurso, pero no en la práctica por el Gobierno mexicano.

Estará en juego la ampliación del mandato a los expertos que México prometió y que no ha cumplido, luego de que el informe contradijera la "verdad histórica" de la Procuraduría General de la República (PGR).

Los representantes del Estado mexicano deberán dar respuestas concretas a la falta de voluntad política para atender el diagnóstico sobre la crisis de derechos humanos, que no es de hoy, sino de varios años atrás dice en esta entrevista Mario Patrón Sánchez, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Una crisis que el Gobierno federal no reconoce y no se compromete a remediar, porque no puede. Sus instituciones estás socavadas, superadas por el crimen, la corrupción y la impunidad, asegura Patrón Sánchez.

Lo que viene, plantea, es un recrudecimiento de la grave crisis de derechos humanos, en un país donde las víctimas son abandonadas a su suerte y motivadas a buscar su propia protección.

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-¿Cuáles son los elementos para decir que en México hay una severa crisis de derechos humanos?

-Hay una crisis de derechos humanos al menos en las últimas dos décadas y asociamos cuatro factores a partir de los cuales fundamentamos esto: El contexto de macro-criminalidad que vive el país ejemplificado con toda claridad con Ayotzinapa. Hay regiones en nuestro México en donde la institucionalidad del Estado está socavada por completo. Donde la función pública sirve a los intereses del crimen organizado, y es el crimen organizado el que se ha ido apoderando de todos los negocios ilegales del mercado negro, pero también de los fijos de la propia economía formal. Digamos que esa macro criminalidad, más corrupción política explican contextos como los de Ayotzinapa. Lo segundo, es que México está viviendo un escenario de violaciones graves generalizada y ahí decimos que la desaparición, la tortura y las ejecuciones aplican en el país de manera generalizada y retomamos lo último que dijo el Alto Comisionado, lo que dijo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], pero en particular, previamente el relator de tortura ya había dicho que entre la detención y la puesta a disposición, la tortura se aplica de manera generalizada. El Comité contra Desaparición Forzada de la ONU ya había dicho que en 26 de los 31 estados, se aplica la desaparición forzada desde 2014. El Relator de Ejecuciones Extrajudiciales de la ONU había dicho que había una situación de impunidad estructural y generalizada vinculada con homicidios intencionales; en aquel entonces él contabilizaba 102 mil homicidios intencionales, ahora el Alto Comisionado habla de 151 mil homicidios. El otro factor que decimos que da cuenta de la grave crisis es la corrupción: de acuerdo con estudios formales del propio Banco Mundial, la corrupción en México representa el 9 por ciento del PIB [Producto Interno Bruto], o incluso el 80 por ciento de los impuestos recaudados a nivel federal. El cuarto factor, que es un eje transversal, es la impunidad, que hizo un énfasis el Alto Comisionado al mencionar que si el 98 por ciento de impunidad en el país, si no es generalizado, es sistemático. Cuando hablamos de tortura, sólo hay dos condensas a nivel federal en materia de tortura; de desaparición forzada, seis condenas; en homicidios intencionales entre el uno y dos por ciento acceden a la justicia. Si eso lo aplicamos a temas de corrupción, el poder económico, vinculado a la corrupción política, no ha sido investigado en nuestro país. Si hacemos comparativos con Colombia, tenemos que mínimo 60 integrantes del parlamento colombiano han sido procesados por sus vínculos con el narcotráfico, y con el paramilitarismo, por ejemplo.

-En México no se investiga al poder político asociado al crimen organizado....

-Ni mucho menos sancionado. Investigaciones como Ayotzinapa son un ejemplo claro. Donde han pretendido encapsular un caso sumamente grave a la esfera municipal, cuando hoy el grupo de expertos nos dice que hubo autoridades federales y estatales. Por eso decimos que México, hoy por hoy, enfrenta una grave crisis. Si salen a la luz investigaciones de las violaciones más graves de nuestro México contemporáneo, como es Ayotzinapa o es Tlatlaya, deberían ser las investigaciones  más cuidadas, porque ponen a prueba la voluntad política del Gobierno federal y la capacidad institucional del Gobierno federal y en los dos ámbitos está reprobado. En el caso de Tlatlaya no hay voluntad política de investigar a la responsabilidad por cadena de mando. Además ha habido omisión e incapacidad institucional al generar la detención de cuatro militares por violar sus derechos humanos y el debido proceso. En Ayotzinapa lo que dice el grupo de expertos es que la verdad histórica fue un montaje histórico. La verdad presentada por la institucionalidad federal, no representa la "verdad histórica" del caso, no sólo por lo del basurero, sino por todas las deficiencias que fueron ubicando alrededor de la investigación: escenas de crimen que no fueron resguardadas, no levantadas, indicios y pruebas que fueron evadidas, un camión, el quinto que no formaba parte e la investigación. Entonces, si ese es nuestro indicador en estos casos, ¿qué se puede esperar para los 26 mil desaparecidos y los ciudadanos comunes y de a pie que buscan justicia?

-Mario, a mi me llamó mucho la atención el Subsecretario de Derechos Humanos [de la Secretaría de Gobernación] Roberto Campa Cifrián, cuando respondió a las observaciones de la Comisión Interamericana, sobre la grave crisis de derechos humanos, que se equivocaron porque no pueden generalizar en el país, porque hicieron su investigación en cinco días, ¿tú que respondes a eso?

-Pero además no es un pronunciamiento aislado el que hace la Comisión, hubo antes del Sistema Universal de los Derechos Humanos y la pregunta sería, ¿por qué cuando sale el Alto Comisionado, que hace suyo el diagnóstico de la CIDH y las recomendaciones, no lo descalifican? Porque el escrutinio y monitoreo internacional es contundente y consecuente en el diagnóstico en términos de la crisis y gravedad que enfrentamos. Cuando un Gobierno federal concentra sus energías a disputar el diagnóstico, y no en cumplir las recomendaciones, en realidad el mensaje es catastrófico para quienes llevamos la agenda nacional en materia de derechos humanos. Lo que nos están diciendo es que no están dispuestos a construir agenda, porque disputan el diagnóstico, y que las medidas de cambio, no están dispuestos a ponerlas sobre la mesa y a instrumentarlas. Por eso es que estos casos como Ayotzinapa son un punto de inflexión, de no retorno. En México tenemos dos problemas estructurales: uno de voluntad política y que se muestra muy claramente frente a este tipo de disputas ante mecanismos internaciones, y el otro es la incapacidad del Estado, es decir, aunque el Estado tuviese voluntad política, es incapaz y no puede: los 150 mil homicidios intencionales que reportó el Alto Comisionado, la pregunta es, ¿tenemos una capacidad institucional instalada para procesarlos? La respuesta es que no, por eso hay 98 por ciento de impunidad. Entonces en realidad es una tendencia de negar el diagnóstico porque no pueden comprometerse políticamente a cambiar, a construir la agenda y establecer las políticas públicas, programas de gobierno y reformas de marcos regulatorios que permitan generar plataformas de cambio.

-Me dices que el Estado no puede. ¿Dónde están las principales fallas? ¿Por qué no puede?

-Mira son las tres recomendaciones básicas del Alto Comisionado: él dice  que hay que fortalecer a las procuradurías. Tenemos una reforma desde 2008 en materia penal, que no ha podido cuajar a pesar de que hubo estados que han hecho intentos de implementación, a pesar de que se centralizó el proceso y se emitió un código nacional de procedimientos penales, tenemos institucionales socavadas en términos de institucionalidad y confianza frente a la ciudadanía. Tenemos instituciones que no tienen las plataformas de infraestructura básicas para hacer frente a la realidad. Segundo: el fortalecimiento a las instituciones civiles de seguridad pública, es decir, nuestro país adolece de una reforma democrática en la policía, que se ha concentrado en los mínimos controles de confianza. Necesitamos el paulatino retorno del Ejército entre otras cosas, porque un modelo de seguridad de corte militarizado no es acorde con los estándares internacionales de derechos humanos. Es el modelo se seguridad ciudadana el que hay que seguir. La última recomendación es el informe del grupo de expertos de Ayotzinapa, porque los mecanismos internacionales entienden que Ayotzinapa es un caso representativo de nuestro país y si con Ayotzinapa no se logra verdad, justicia y reparación, la crisis no es aprovechada para un crecimiento y un fortalecimiento de las instituciones, al contrario es aprovechada para pronunciar la crisis y la profundidad  de los problemas. Ha habido manifestaciones poco claras desde el Presidente [Enrique Peña Nieto] hasta la Procuradora [Arely Gómez González] de decir que van a cumplir con las recomendaciones del grupo de expertos. Se han quedado hasta ahorita en manifestaciones políticas. No hay muestras claras de eso. El Presidente no da la cara en términos de compromiso a los padres de familia. Han pasado muchos días y no hay una respuesta clara.

-¿Cuántos tratados en materia de derechos humanos ha firmado México?

-Son más de 150, son muchísimos.Con la reforma constitucional de 2011 pasan a formar parte de nuestro sistema jurídico nacional e incluso al mismo nivel que la Constitución, tienen una supremacía constitucional; solamente en el supuesto que tengan contradicciones con la Constitución, la Constitución tiene supremacía hacia los tratados. La implementación de la reforma constitucional se ha quedado en letra muerta, realmente los tres poderes de la unión, tanto a nivel, estatal, como municipal tendrían la obligación de implementar estar reforma, pero eso no es así y lo ves en los operadores políticos de todo nivel, tanto jueces, ministerios públicos, hasta abogados litigantes.

-¿Desde qué año empezó México a firmar tratados en materia de derechos humanos?

-Mira la gran ola se da a finales del sexenio de [Ernesto] Zedillo, pero con Vicente Fox [Quesada], viene  la gran apertura de México. Desde 1998 con Zedillo México asume la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos [CIDH], empiezan a darse algunos pasos, pero es con Fox que se firma el mandato sede de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y que se empieza a dar una apertura y un escrutinio amplio.

-Digamos, ¿son alrededor de 18 años de tratados?

-Aunque los primeros casos que llegan de México a la Corte son seis, llegan hasta 2009.

-Pero todos estos años: más de 150 tratados firmados y tenemos una grave crisis de derechos humanos. ¿De qué le han servido a México? Tenemos países como Corea del Norte, donde sabemos que hay un sistema autoritario. México firma tratados, se abre al escrutinio internacional, ¿sólo para lavarse la cara?

-México perdió una oportunidad histórica: la salida de la dictadura del partido que tenía el país con el PRI [Partido Revolucionario Institucional], la alternancia en el poder con el PAN [Partido Acción Nacional], era una oportunidad en términos de lo que se llama, desde la teoría de los derechos humanos, de justicia transicional. Que era justo generar procesos de verdad y de justicia sobre hechos del pasado, que políticamente no eran atribuibles al gobierno de alternancia y hacer los cambios en términos institucionales de diseño y marcos normativos, que permitieran que los hechos que se dieron en décadas anteriores, no se volvieran a repetir. No pasó ni con Fox [Vicente Fox Quesada], ni con Calderón [Felipe Calderón Hinojosa], sino todo lo contrario: con Calderón empezamos a tener un decrecimiento en términos de la vigencia de libertades que se habían ganado previamente. Con Calderón  empieza todo el tema de agresiones contra periodistas, muy fuerte en términos de agravios, ejecuciones hostigamientos. Entonces se pierde esa oportunidad histórica y lo que hoy tenemos son pautas muy graves, pero que son consecuencia de la misma impunidad que hemos vivido.

-No hay voluntad de parte del Estado, ¿digamos que es hipócrita a nivel internacional al  decir que vengan los expertos, que me revisen y no acatar las recomendaciones?

-Antes de Ayotzinapa el Estado mexicano había podido instalar frente a la comunidad internacional una posición de democracia robusta y de economía emergente, porque sobre todo hacía mucho énfasis en las reformas de marcos normativos. Decía que reformó la Constitución, que se creó el Mecanismo de Protección a Defensores, la Ley de Víctimas, que había una serie de avances. Lo que viene hacer Ayotzinapa en términos del concierto de la comunidad internacional, es romper esa narrativa y mostrar el México de distintos mosaicos y distintas realidades y esta gravedad de crisis de derechos humanos.

-Pero antes de Ayotzinapa ya estaban asesinando a periodistas, a migrantes, había miles de desaparecidos, ¿la comunidad internacional no reparaba en esta crisis?

-No reparaba en esto, porque México tenía muy instrumentado, muy instalada esa narrativa. Con Ayotzinapa se rompe, se devela lo que está pasando, vienen mecanismos internacionales a decir hay un problema generalizado en derechos humanos, una grave crisis e indudablemente no hay una voluntad política para hacer frente a esa crisis e instrumentar las medias de cambio. Entonces estamos en lo peor de los dos mundos: por un a parte no hay voluntad política, por otra es, aunque quisiera, no hay las condiciones institucionales para hacer frente a la crisis. Sin duda Ayotzinapa no es la primera tragedia, tenemos el tema de San Fernando [Tamaulipas] 72 cuerpos en una fosa, pero estamos hablando de víctimas migrantes, en donde sus familiares no están radicados aquí en México, no tienen una red de apoyo, son casos que a pesar de ser tan graves, no hay una base social que los reivindiquen. Lo que está pasando ahora es que hay casos como Apatzingan, Tanhuato, Ostula, el mismo caso de La Calera, en donde son graves violaciones de los derechos humanos, pero como no hay víctimas sobrevivientes que reivindiquen como sí lo hubo en Tlatlaya y Ayotzinapa, son casos que no tienen una documentación sólida que pongan en cuestionamiento frontal al Estado. Por eso es que vemos que en Tanhuato se dice que fue un enfrentamiento.

-Ahorita que me dices que el gobierno no puede, aunque quisiera mejorar la situación en materia de derechos humanos, entonces, ¿qué futuro podemos vislumbrar los mexicanos?

-Yo veo dos opciones: una es el recrudecimiento, que es seguir negando el diagnóstico de realidad, seguir cerrando los procesos de diálogo y las oportunidades de construcción de agendas de cambio. El otro es de apertura, donde realmente este gobierno asume el papel histórico que le toca en este momento político y construye alianzas para encabezar un proceso de reformas y de cambio, pero hay más indicadores y factores que dan cuenta de un proceso de cierre y recrudecimiento.

-Este proceso, ¿qué consecuencias puede tener para las personas de a pie, que estamos expuestas?

-Son las mismas consecuencias que se viven hoy. Las víctimas han sido abandonadas por el Estado. Hay regiones donde la institucionalidad del Estado no existe y si existe, representa un riesgo para víctimas. Es el abandono total. Lo único que le queda a la gente es la autoprotección.

-¿Se incrementarán los casos de autoprotección?

-Sí, mientras no se establezcan las reformas, la ciudadanía está abandonada a sus propios recursos y estrategias. Estamos en el tercer país más violento del mundo. De acuerdo con el Centro de Estudios Estratégicos de Londres, México está después de Siria e Irak.