De los 4.6 billones de pesos del Presupuesto 2015, el gobierno federal destinó solamente 26 millones de pesos al combate directo a la corrupción, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos y contra la Administración Pública, que depende de la Procuraduría General de la República (PGR).

 

En contraste, el costo de la corrupción en México representa entre 2 y 9 por ciento del producto interno bruto (PIB).

 

Esas cifras se desprenden del estudio "La corrupción en México: tranzamos y no avanzamos", realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), el cual refiere además que por cada 10 mil pesos ejercidos por el gobierno mexicano, solo cinco centavos son destinados a mecanismos para el combate a la corrupción.

 

La Comisión para el Combate a la Corrupción en Hong Kong tiene a su cargo mil 425 personas, mientras que el Buró de Investigación de Prácticas Corruptas en Singapur tiene 88. La unidad especializada de PGR cuenta con únicamente 12 funcionarios.

 

El análisis del Imco destaca que los costos económicos de la corrupción son equiparables a 87 veces el presupuesto de la UNAM, 7.7 veces el presupuesto de la Secretaría de Desarrollo Social, tres veces el de la Secretaría de Educación Pública o cinco reformas fiscales de 1 por ciento de incremento de los impuestos.

 

 

En el estudio del Imco se señala que la corrupción perpetúa la desigualdad, toda vez que 14 por ciento de los ingresos se destinan a sobornos, lo mismo que 33 por ciento de los ingresos en hogares que dependen del salario mínimo.

 

Otros datos alarmantes sobre corrupción dejan ver que 44 por ciento de las empresas en el país reconoció haber pagado sobornos. Igualmente 56 por ciento de los ciudadanos piensan que es válido desobedecer las leyes "si son injustas". Además, cada año se registran 200 millones de pequeños actos de corrupción y cada mexicano da, en promedio, 165 pesos por mordida.

 

El documento destaca también que la sociedad mexicana es tolerante y permisiva, pues no considera acto de corrupción la utilización de gestores o intermediarios, ofrecer dinero a cambio de agilizar un trámite o acceder a la extorsión de funcionarios públicos.

 

Otro dato alarmante es la corrupción política en el país. En los últimos 16 años se han reportado 272 escándalos de corrupción en los que se han visto envueltos gobernadores y solo 21 casos han sido sancionados; es decir, 91 por ciento de ellos quedaron en la impunidad.

 

Por ello, el Imco propone diversas medidas para combatir la corrupción, entre ellas potenciar el uso de tecnología e información, debido a que los sistemas son inoperables. Sugiere pleno acceso y sistemas interconectados de información financiera y fiscal. Por ejemplo, solo 38 de los 2 mil 457 municipios y delegaciones cuentan con trámites interactivos.

 

En el mismo sentido, un estudio elaborado por el grupo de trabajo en materia de anticorrupción y transparencia del Foro de Cooperación Asia-Pacífico (Apec por sus siglas en ingl és) sobre las prácticas de los gobiernos que integran el G20, titulado "Mejores prácticas en investigación y combate a la corrupción", contrasta las medidas de otros países con las de México para localizar y congelar activos provenientes de actos de corrupción.

 

Destaca que es necesario hacer una solicitud a todas las instituciones financieras sin necesidad de una orden judicial; sin embargo, es necesario hacerlo a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y del Servicio de Administración Tributaria. Además, cuando es esencial para la verificación de la comisión de un delito, la solicitud debe realizarse a través de la PGR.

 

El documento de trabajo compara las herramientas  gubernamentales para localizar y congelar activos que vinculen cuentas bancarias o empresas que hayan incurrido en actos de corrupción.

 

En el caso de México detalla, por ejemplo, que el registro del catastro no es de fácil acceso, debido a que no se encuentra digitalizado. Existe un registro de empresas, pero no es el caso en todos los estados de la República, lo cual dificulta las investigaciones sobre localización y congelamiento de bienes vinculados a actos de corrupción y lavado de dinero. 

 

 

México buscará la experiencia de naciones como Brasil, España, Colombia, Guatemala y Honduras para aplicar mejores prácticas en acceso a la información.

El Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), en coordinación con el Instituto Mexicano de la Administración del Conocimiento y el ITAM, realizará foros los días 18, 19 y 20 para generar espacios donde se comparta la experiencia de los países en esta materia.

 

En los foros se espera poder generar criterios más específicos en torno a la calidad de la información para que ésta sea efectiva en la generación de conocimiento. Es decir, que los sujetos obligados que responderán las solicitudes de información generen datos que sean verificables, oportunos, comprensibles, actualizados y completos.

 

Lo anterior con la finalidad de que la sociedad pueda participar en los procesos de políticas públicas.

 

De acuerdo con el INAI, se requiere que la gestión documental facilite la revisión de los factores gubernamentales, es decir, que sea a través de documentos específicos que se lleve a cabo la revisión y escrutinio de las finanzas y desarrollo de los gobiernos, por lo que se requieren de buenas prácticas para llevarlas a cabo.

 

Se tendrán tres ejes temáticos: características deseables para la Ley de transparencia, herramientas de gestión documental y la información y el uso de las tecnologías.