De acuerdo con cifras oficiales actualizadas del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de las más de 23 mil 605 personas no localizadas, casi la mitad (46 por ciento) se ubica en los rangos de entre 15 y 34 años de edad, siendo las mujeres 28 por ciento de estos casos en los tres años recientes. Tamaulipas, Jalisco, estado de México, Coahuila y Sinaloa son las principales entidades que registran este fenómeno.

 

En la inauguración y primeros paneles de discusión del seminario internacional Justicia transicional y mecanismo frente a la desaparición de personas, en la que también participó una representación de la Unión Europea, se denunció que en México las autoridades, independientemente del nivel de gobierno, no buscan a los desaparecidos, o cuando lo hacen sólo simulan hacerlo.

 

Además, se dijo que hay enormes deficiencias en las investigaciones, junto con obstáculos legales y argumentos de las autoridades para retrasar o evadir su responsabilidad, que en muchos casos están involucradas de manera directa.

 

De manera específica, se destacó que México no cuenta con el marco jurídico que determine, agilice o señale de forma específica a los servidores públicos los procesos de búsqueda urgente y localización con vida durante las primeras 72 horas, establecidas internacionalmente como las más importantes para lograr un rescate exitoso.

 

En el acto, realizado este primer día en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) -y que este viernes se trasladará a la Torre de Comisiones del Senado-, Karla Micheel Salas, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) y representante de la organización Los otros desaparecidos, expresó la preocupación de que la elaboración de dicha ley sea resultado de un proceso antidemocrático y sin tomar en cuenta las propuestas de la sociedad, de los expertos y, principalmente, las aportaciones de familiares de las víctimas. Para su aprobación, el Senado tiene de límite constitucional los primeros días de enero de 2016.