Los diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC) señalaron que confían en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sentencie que el derecho de los ciudadanos por conocer la información de los servidores públicos está por encima del derecho de éstos a mantenerlo en secreto.

 

"En este ambiente de corrupción en el que por desgracia vive nuestro País es importante que la ciudadanía tenga la posibilidad de conocer cuáles son los datos patrimoniales, los datos de interés y los que tienen que ver con las cuestiones fiscales de los funcionarios públicos", dijo Francisco Martínez Neri, líder del PRD en San Lázaro.

 

PAN, PRD y MC presentaron ante la Suprema Corte de Justicia un recurso de inconstitucionalidad del artículo 29 de la Ley 3de3, del Sistema Nacional Anticorrupción, que faculta a los servidores públicos a mantener en secreto sus declaraciones patrimoniales, de conflicto de intereses y fiscal si alegan que su difusión puede afectar su vida privada.

 

Originalmente, la 3de3, una iniciativa ciudadana impulsada por más de 600 mil firmas, hacía obligatoria la difusión de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, pero la mayoría en el Congreso de PRI, PVEM y Encuentro Social le dieron una vía de escape, como lo subrayó el coordinador de los diputados panistas, Marko Cortés.

 

El Presidente Enrique Peña Nieto vetó parte de la Ley para retirar la obligación de los empresarios que hagan negocios con el Gobierno a entregar sus declaraciones.

 

"Es evidente que a algo se le teme, que algo les preocupa", dijo Marko Cortés sobre la actitud del PRI y sus aliados para evitar la transparencia.

 

"Al PRI no se le puede acusar de incongruente. Al contrario, es perfectamente congruente con su pasado de corrupción, opacidad y de falta de compromiso con la transparencia", añadió el líder de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.

 

Asimismo, afirmó que con la solicitud de inconstitucionalidad se pretende regresar al "espíritu original" de la Ley 3de3 impulsada por los ciudadanos.

 

Cortés, Martínez y Castañeda dieron un rueda de prensa hoy en el Senado para presentar la primera hoja del documento de más de 81 páginas, mediante el que hicieron la solicitud ante la SCJN y que estaría firmada por 200 diputados,quienes representan el 40 por ciento de la Cámara.

 

"Nosotros estamos seguros de que la Suprema Corte nos dará la razón y dirá que el artículo 29 de la Ley de Responsabilidades (como está actualmente redactado) no atiende al espíritu constitucional que combate la corrupción", dijo el panista.

 

En caso de que los ministros les den la razón, explicaron los diputados, se deberá volver a legislar pero atendiendo los criterios de la SCJN.

 

"Me parece que quedó muy claro quién está de lado de la transparencia, quién está comprometido con el combate a la corrupción y con la rendición de cuentas y somos, justamente hoy, los que estamos aquí presentando esta acción de constitucionalidad", sostuvo Clemente Castañeda.