La procuradora Arely Gómez indicó que el tercer peritaje en el basurero de Cocula determinará si los normalistas de Ayotzinapa fueron o no incinerados en ese lugar.

 

Aunque la titular de la PGR respaldó la llamada "verdad histórica" presentada en enero por el entonces procurador Jesús Murillo Karam, pues dijo que se realizaron 14 dictámenes en el basurero antes de dar a conocer que ahí fueron quemados, esto fue refutado por expertos de la CIDH, quienes en septiembre rechazaron que ahí hubieron muerto los estudiantes, en un incendio de esa magnitud y en las condiciones que describieron varios detenidos, presuntos integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos.

 

Tras la pregunta de un diputado, sobre si tenía la certeza -luego de lo que expusieron los expertos- de que en el basurero quemaron a los normalistas, Gómez respondió: "El tema que usted me pregunta, en particular sobre el incendio porque no podemos decir cremación, es incendio, si fue hecho en Cocula y ahí fallecieron todos los muchachos, estamos actualmente en la investigación. El grupo de expertos merece mi reconocimiento porque desde el mismo día que llegué a la Procuraduría, el mismo día llegaron ellos, llevo 6 meses trabajando con ellos, y en el momento en que ellos señalan, que ellos presentan, no un dictamen pericial, ellos presentan un análisis que es tomado no con la técnica de los dictámenes periciales, que teníamos 14 en esta misma materia en esta misma procuraduría, pero ¿qué es lo que debe de hacer alguien que procura justicia? Pedir un tercer dictamen y donde se le está dando la oportunidad tanto a ellos como a nosotros, de traer a los expertos en técnica forense, en investigación forense, a que participen, invitando también al propio experto (José) Torero".

 

Al iniciar la segunda ronda de cuestionamientos de su comparecencia ante la Comisión de Justicia, la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez González, subrayó que la PGR trabaja con todo apego a la ley y dedicación para conocer el paradero de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa; subrayó que recuperar la confianza ciudadana no es un reto fácil, pero se trabaja para cambiar el rostro de la dependencia a su cargo.

 

La diputada Soralla Bañuelos de la Torre (Nueva Alianza) manifestó que las autoridades no han podido esclarecer lo acontecido la noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero, y no hay una verdad incuestionable; por ello, preguntó a la procuradora cómo piensa asumir la responsabilidad de mostrar la verdad de lo sucedido; qué pasará con el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, del cual se ha dicho que no se encuentra consignado por la desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, sino por un proceso en torno al secuestro y homicidio de un líder social; y qué sucede con Gildardo López Astudillo, supuesto autor de la ejecución de los normalistas.

 

Gómez González refirió que la PGR trabaja con apego a la ley y dedicación para conocer el paradero de los normalistas de Ayotzinapa. Sobre José Luis Abarca, dijo que enfrenta dos procesos por cuatro delitos: delincuencia organizada, secuestro en agravio de estudiantes normalistas, secuestro y homicidio calificado, además de enfrentar dos procesos en el fuero común. "De El Cabo Gil, puedo decir que su declaración nos ha dado grandes indicios para ampliar las líneas de investigación", comentó.

 

El diputado Arturo Santana Alfaro (PRD) solicitó saber con qué carácter funcionará el Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en relación a la integración de la averiguación previa relacionada con los hechos de Ayotzinapa y cuál es el estatus jurídico que tiene el presidente municipal de Colula, Miguel Peñalosa.

 

Respecto a la función del grupo de expertos, la funcionaria señaló que se les ha entregado respuesta a cerca del 90 por ciento de las solicitudes que han enviado, alrededor de 200 preguntas.

 

En relación a Miguel Peñalosa González, respondió que fue consignado en diciembre de 2014, no obstante, el juez consideró que no existían elementos para proceder en su contra, por lo que la PGR impuso una apelación que está pendiente.

 

En su oportunidad, el diputado Juan Pablo Piña Kurczyn (PAN) afirmó que además de Iguala y las fosas clandestinas, hay diversos casos en donde están involucrados servidores públicos y no se han concluido las investigaciones exitosamente. En este contexto, preguntó, cómo recuperará la PGR la confianza ciudadana y qué aportaciones hará para abatir la impunidad y transparentar su actuación.

 

La procuradora, precisó que recuperar la confianza ciudadana, no es un reto fácil, es un tema complejo a resolver, pero "estamos trabajando para poder cambiar el rostro de la PGR a partir de la procuración de justicia eficaz, respeto de los derechos humanos y capacitación a los integrantes de la procuraduría.

 

Enfatizó que el hecho de subir el expediente de Ayotzinapa, que hasta el día de ayer llevaba 36 mil visitas, le da a la ciudadanía la posibilidad de poder acceder al expediente y darse cuenta de cuáles son los elementos con los que se ha trabajado. "Estamos dando pasos firmes con el propósito de recuperar la confianza ciudadana. El esfuerzo no ha sido estéril, estamos en eso y estamos comprometidos con este tema".

 

 

Diputados de la Comisión de Justicia cuestionaron a la Procuradora General de la República, Arely Gómez González, sobre la fuga de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

 

Por Nueva Alianza, la diputada Soralla Bañuelos de la Torre inquirió si la extradición de 13 delincuentes fue una manera de compensar a Estados Unidos por no haber extraditado en su momento a "El Chapo". ¿Por qué hasta después de fugado se acepta la solicitud de extradición de Joaquín Guzmán Loera, una vez que sea recapturado?, y por qué a tan poco tiempo de la fuga de El Altiplano se incrementaron significativamente las extradiciones.

 

La titular de la PGR aseguró que la extradición de los 13 delincuentes "no fue ningún pago de nada, fue un compromiso de ambos gobiernos" (México y Estados Unidos). Afirmó que al momento de la fuga de Guzmán Loera no existía ningún acuerdo firme de la Secretaría de Relaciones Exteriores que obligara al gobierno mexicano a entregar al extraditable. Se formaliza el 21 de julio del año en curso, y al recibirse la solicitud por parte del gobierno extranjero se tiene que cumplir una serie de trámites que, por lo general, tardan de seis meses a un año, precisó.

 

 

La titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Arely Gómez González, afirmó que en años anteriores el arraigo se utilizaba en exceso no siempre con los resultados deseados, por lo que en la actual gestión no se arraiga para investigar: por lo que esa figura jurídica es la excepción, no la regla.

 

Al comparecer ante la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, como parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno, aseveró que también la figura del testigo colaborador ha dejado de ser el único instrumento de prueba para consignar, ya que ahora se utiliza como apoyo a otros medios de prueba.

 

En este sentido, la funcionaria federal precisó que ante la acción de grupos delictivos que han aumentado su capacidad operativa, se requiere una permanente colaboración interinstitucional e internacional que permita combatirlos de manera eficaz.