La creación de las candidaturas independientes en estas condiciones únicamente demuestra la burda intención de los partidos políticos tradicionales de crear candidaturas ciudadanas que existan sólo en papel, pero que sea prácticamente imposible para el ciudadano alcanzarlas y, de hacerlo, competir en igualdad de condiciones. Los diputados del PRI, PAN y PRD se sometieron a los intereses del Pacto por México e hicieron una ley que restringe los derechos de los ciudadanos y que viola los derechos constitucionales que tienen todos los ciudadanos de votar y ser votados, libertad de asociación, expresión y equidad electoral. Ante uno de los mayores retrocesos democráticos de este país, la obligación de Movimiento Ciudadano es exigir que los ciudadanos realmente puedan acceder a las candidaturas independientes, sin obstáculos, burocracias ni trampas legaloides, y que puedan hacerlo y competir en igualdad de condiciones que los partidos políticos. Es por eso que presentamos una acción de inconstitucionalidad en contra del Libro Séptimo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que es el que regula las candidaturas independientes. Ahora, queda en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la responsabilidad de hacer valer los derechos constitucionales de los ciudadanos, de hacer posible una verdadera participación ciudadana y hacer realidad que un ciudadano libre pueda competir y ganar una elección sin necesidad de los partidos políticos. Confiamos en que el Poder Judicial federal ponga orden en México.