Ante los resultados presentados por la Comisión Interamericana sobre la grave situación que vive el país en el tema de derechos humanos, los Diputados Ciudadanos, Clemente Castañeda y Álvarez Máynez, exigen al Gobierno Federal, responder a los mexicanos con justicia.

 

La iniciativa de los Diputados Ciudadanos es una exigencia para el Gobierno Federal, ya que pide terminar con la simulación con la que hasta ahora ha respondido respecto a los casos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura acontecidos en el país. Expresaron que la realidad en la que México se encuentra "golpea a cada uno de los mexicanos día con día  y se palpa en el incremento significativo de criminalidad" mientras que el Ejecutivo Federal ha preferido la frivolidad y la omisión.

 

Máynez Álvarez puntualizó que según datos del INEGI, "los homicidios y los secuestros han ido a la alza en los últimos años, además de las 25 mil desapariciones forzadas en los últimos dos sexenios". Por su parte, Clemente Castañeda dijo que la resistencia y negación del Gobierno a asumir sus errores "sólo hace más grande la distancia entre la justicia y los ciudadanos", además agregó que los Diputados Ciudadanos seguirán alzando la voz y  exigiendo la verdad, a pesar de que en estos días "la violencia y el amedrentamiento busquen acallar las voces que más necesita México".

 

Antes de finalizar, expresaron que México se encuentra ante una oportunidad histórica para atender la condición de crisis por la que atraviesa, por eso es necesario "establecer mecanismos de cooperación y garantía de la justicia y que terminen con la impunidad".

 

Por último hicieron un exhorto al Ejecutivo Federal para que tome las medidas necesarias y aplique las 21 recomendaciones emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, además de seguir con la investigación de los casos de Tlatlaya, Tanhuato y Apatzingán.

 

También con referencia al tema de violaciones a los Derechos Humanos, la Diputada Ciudadana, Candelaria Ochoa, presentó una iniciativa y un punto de acuerdo, respectivamente, para que el feminicidio se considere un delito grave en el Código Penal Federal y se desarrollen programas integrales para erradicar ese problema.