El derecho a la movilidad que impulsa Movimiento Ciudadano junto con activistas, académicos y organizaciones, fue aprobado primero en el Senado de la República y hoy en la Cámara de Diputados.

La senadora, Patricia Mercado, señaló que el derecho a la movilidad pone al ciudadano en el centro de las prioridades y obliga a los tres órdenes de gobierno a coordinarse y trabajar en la materia.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, señaló que, con el derecho a la movilidad, se establecerá un piso parejo entre autoridades y fomentará un desarrollo ordenado.

El Estado mexicano debe garantizar la seguridad vial y una movilidad que permita la calidad de vida: así lo determinó la Cámara de Diputados, que hoy aprobó el dictamen de reforma constitucional que reconoce el derecho a la movilidad. Solo resta el estudio y la aprobación en congresos locales para su publicación en el Diario Oficial de la Nación.

La reforma constitucional que impulsó el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado de la República junto con activistas, urbanistas, académicos, organizaciones civiles y fuerzas políticas, se aprobó en diciembre de 2019 en la Cámara Alta. El dictamen contempla:

 • Artículo 4: "Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad".

• Artículo 73: establece la obligación del Congreso de la Unión de expedir una ley general en materia de movilidad y la implementación de políticas públicas.

La senadora Patricia Mercado, presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad del Senado, destacó que el derecho a la movilidad no es sólo un asunto de autos, bicis y peatones, es una cuestión de justicia social, que tiene implicaciones sobre la convivencia diaria de las personas que comparten un espacio común, sobre la calidad de vida y la sostenibilidad de la actividad económica en el planeta.

Mercado, quien generó condiciones para el diálogo alrededor de esta reforma, expresó que en nuestro país no existe un marco para organizar las facultades, derechos y obligacionesen torno a la movilidad y seguridad vial, lo que ha derivado en desigualdades entre entidades federativas y municipios.

"Esta reforma responde a la necesidad de establecer la concurrencia de los tres órdenes de Gobierno a través de nuevas formas de colaboración de las entidades entre sí, y de éstas con la Federación. Esta responsabilidad institucional compartida es la pieza que del reconocimiento del derecho a la movilidad", dijo Mercado.

Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, celebró la ampliación de derechos y destacó que con esta reforma constitucional, se establecerá un piso parejo entre autoridades, fomentará un desarrollo ordenado y la coordinación para resolver problemas cotidianos.