Hace un año, en medio de una crisis de credibilidad desatada por el escándalo de la casa blanca y seguido por un pésimo manejo de la tragedia de los 43 estudiantes desparecidos en Iguala, el Presidente Peña Nieto decidió presentar, a propósito de su segundo año en la presidencia, un decálogo para mejorar la seguridad pública y enfrentar la crisis de su gobierno. Doce meses después, ninguno de esos puntos puede considerarse cumplido.

 

Ninguno es ninguno. Ni siquiera el más sencillo, crear un número de emergencia general para todo el país, pudo lograrse por la sencilla razón de que nadie puede usar el número de otro. 911 es el número de emergencia "más conocido del mundo" como dijo el Presidente, porque es el que sale en las películas gringas, es el de los vecinos del Norte y por lo mismo no está disponible. Ese simple detalle habla de la superficialidad e improvisación con la que se elaboró el decálogo presentado con bombo hace un año y explica en gran parte la imposibilidad de su cumplimiento.

 

Otro de los elementos que llamaron la atención de aquellas promesas fue la creación inmediata de policías únicas en cuatro estados de la república, entre ellos Jalisco, que sorpresivamente apareció en el "cuadro de honor" junto con Guerrero, Michoacán y Tamaulipas. Exactamente seis meses después del anuncio, el primero de mayo, vino la famosa Operación Jalisco que terminó con el derribo de un helicóptero de las fuerzas armadas y posteriormente el nombramiento del Raúl López Castañeda, general de la V Región Militar, como coordinador regional de seguridad, pero no pasó nada más. La policía única no sólo no se fortaleció, sino que fue golpeada y severamente cuestionada sin que nadie metiera las manos por ella.  La promesa del Presidente no se tradujo ni en más presupuesto, ni en más capacitación, ni siquiera en más vigilancia sobre los elementos. De los otros tres estados ni hablar; no sólo no hay mando único, en Guerreo no hay mando alguno.

 

Pero lo que más destaca del fracaso del decálogo es el punto dedicado a la corrupción. Un año después el famoso sistema nacional anticorrupción es apenas una reforma constitucional que no tiene leyes reglamentarias. El Presidente y su círculo cercano fueron exonerados de todo pecado por uno de ellos mismos, el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, con lo cual sólo lograron aumentar el descontento y la indignación.

 

Mañana Peña Nieto llega exactamente a la mitad de su mandato con la peor aprobación que ha tenido un Presidente desde que se mide el nivel de popularidad por encuestas independientes (sólo uno de cada tres, 33.4% de los mexicanos aprueba su gestión), en medio de la más severa crisis de seguridad. Ni una ni otra cosa se arreglan ya con un decálogo de promesas.