Estimado Sergio Sarmiento:Tu artículo del 9 de mayo en Reforma confirma la necesidad del debate público y me permite responder no sólo a tu cuestionamiento sino a otros que, como tú, llegan a conclusiones equivocadas a partir de mis dos cartas abiertas dirigidas al Presidente Enrique Peña Nieto. Estas conclusiones ponen en evidencia la limitación de las discusiones en nuestro país cuando el cuestionamiento y el pensamiento crítico es reducido a atacar o defender posiciones atrincheradas. Es interesante el giro editorial en algunos medios y la notable coincidencia argumentativa entre ellos: que no tengo derecho a opinar porque estoy lejos o, los que como tú, me agrupan con "... conservadores que buscan mantener el statu quo en la industria energética de nuestro país...". Las diez preguntas que publiqué no se alinean con ninguna corriente ideológica ni cuestionan la existencia de las reformas, que en materia energética ya han sido aprobadas por el Congreso. Tampoco ponen en entredicho la necesidad y justificación de esas reformas. La razón de esto es que yo creo que el régimen monopólico estatal en la explotación de energéticos era y es insostenible, pero no creo que las empresas privadas sean hermanas de la caridad. Creo que reformas son necesarias, pero no aceptándolas a ciegas. Mis diez preguntas piden ahondar, para beneficio del público, en el "sentido y alcance" de la Reforma Energética, y piden respuestas claras sobre sus mecanismos de operación. Por voluntad de informar o por astucia política, el gobierno pensó relevante dar respuesta a estas diez preguntas. Las respuestas mostraron que sí eran necesarias (antes nadie conocía esas respuestas) pero también insuficientes (cada respuesta abre más interrogantes). También dieron una muestra de que un diálogo público emprendido de buena fe entre expertos, ciudadanía, los medios y el gobierno, es posible. Sin embargo, algunos consideraron más productivo descalificar la invitación al debate y la participación que el profundizar y dar seguimiento a las bienvenidas respuestas del gobierno. Por lo visto, para algunos cuestionar es atacar. Mis cartas cuestionan la pobreza del trabajo legislativo que llevó a la aprobación de las reformas y su difusión, y cuestionan la carencia de un debate profundo y plural en torno a ellas, así como la falta de participación ciudadana en el proceso. Mi propuesta de debatir no busca suplantar los debates en el Congreso, ni llama a una consulta popular, ni busca dilatar aún más el proceso legislativo. Es una invitación a escuchar y ser escuchado, a informar, a profundizar, a aprender y a corregir rumbos en la etapa de las legislaciones secundarias. Pareciera que es mucho pedir, pero aún es tiempo de hacerlo. Defender la cultura del debate, e invitar al debate, no es ser conservador ni rijoso, así como tampoco implica necesariamente la voluntad de participar directamente en él. En este y en todos los temas de interés nacional, yo seguiré "esperando presenciar la discusión de altura que nuestro país necesita".