En 10 años de guerra contra el narcotráfico el gobierno ha gastado un billón 138 mil 838 millones 971 mil 996 pesos para intentar garantizar la seguridad de la población, pero ha sido insuficiente para evitar que los civiles se vean afectados.

Al tomar posesión como presidente, Felipe Calderón Hinojosa recibió un presupuesto de 56 mil 816 millones 900 mil 254 pesos, destinados a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), la Marina Armada de México (Semar) y a la entonces dependencia de Seguridad Pública (SSP).

 

Calderón recibió un país que comenzaba a ser azotado por escandalosas ejecuciones entre cárteles rivales y los decapitados empezaban a acaparar la

atención de la población.

 

A 10 días de asumir el cargo declaró la guerra contra el crimen organizado y envió al estado de Michoacán -su tierra natal- más de 6 mil elementos de las Fuerzas Armadas y federales a enfrentar a las células que tenían aterrorizada la entidad.

 

Desde entonces los militares y marinos salieron a las calles de todo el país, asumieron como suya esta lucha y comenzaron con la erradicación de sembradíos de droga, aseguramientos de armas y narcóticos, y detenciones de operadores de los seis cárteles existentes en ese momento: el de Sinaloa, de Juárez, de Tijuana, del Golfo, La Familia Michoacana y el del Milenio.

 

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que en 2006 hubo 11 mil 806 homicidios dolosos; el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indica que fueron 10 mil 452.

 

En 2007 los resultados fueron positivos. Los enviados al combate reportaban decomisos considerables de droga y la cifra de homicidios aún no registraba variaciones preocupantes. El evento que marcó ese año fue el 15 de abril, cuando dos elementos del Ejército fueron "levantados", torturados y asesinados a balazos en Zamora, Michoacán.

 

Los cadáveres fueron encontrados con una leyenda que decía: "El que se mete, se muere"; los cárteles apenas dejaban ver el alcance de sus armas, de su organización y de su poder frente a las fuerzas federales.

 

Tal como lo predijo Calderón Hinojosa al anunciar la guerra: correría sangre y el país viviría tiempos violentos. En ese sexenio organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch reportaban 60 mil muertos a causa del combate al

crimen organizado.

 

Las cifras del SESNSP reconocen 173 mil 897 homicidios dolosos de diciembre de 2006 a octubre de 2016; sin embargo, no específica cuántas de esas muertes estuvieron relacionadas con la guerra contra los cárteles del narcotráfico.

 

Los registros de homicidios dolosos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) hablan de 186 mil 326 víctimas, de diciembre de 2006 a diciembre de 2015; el conteo del año 2016 no ha sido publicado.

 

En las Fuerzas Armadas también se han registrado bajas: la Sedena reporta, del 1 de diciembre 2006 al 1de diciembre de 2016, 490 muertos, y datos de la Semar informan que en 10 años de combate contra el narco han fallecido 77 de sus elementos. Respecto al número de desaparecidos, el último reporte del SESNSP reconoce 29 mil 136 personas no localizadas de 2007 a octubre de 2016; 28 mil 212 corresponden al fuero común y 924 al federal.

 

Alejandro Hope, especialista en temas de seguridad, asegura que la falta de una base de datos que nos hable de homicidios relacionados con el combate al

narcotráfico se debe a la escasa investigación que realizan servicios periciales y las procuradurías encargadas de esclarecer este delito. "No ha habido un compromiso de fondo con la investigación de los homicidios", dice.

 

Considera que el gran pendiente de la década es que no ha habido una presión para que las policías estén trabajando en la capacitación.

 

El 15 de septiembre de 2008, La Familia Michoacana lanzó el primer ataque narcoterrorista en México: dos granadas fueron lanzadas en la Plaza Melchor Ocampo, en la ciudad de Morelia y cobraron la vida de ocho personas. Más de 100 civiles resultaron heridos.

 

El aumento de la violencia estaba incontenible; Calderón los llamó "daños colaterales" y continuó confiando en que las fuerzas federales eran las indicadas para hacer frente a estos actos.

 

En 2010, con un presupuesto de 91 mil 982 millones 56 mil 166 pesos, miembros del crimen organizado asesinaron a estudiantes, a migrantes, a policías y militares por igual. Según el Inegi, en ese año la cifra de muertos superó los 25 mil.

 

El 2 de enero de 2013 desaparece la Secretaría de Seguridad Pública Federal y es la Secretaría de Gobernación la encargada de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones para garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes.

 

Se asigna un presupuesto público para la Función Seguridad Pública que destina recursos económicos extraordinarios a la Sedena e inyecta montos para reclusión y readaptación social -que antes eran asignados a la SSP federal-, además de integrar el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

 

Miles de millones de pesos que no detuvieron ni controlaron al crimen. Muertos quemados en un casino, cuerpos abandonados en vía pública a plena luz del día, cuerpos de migrantes hallados en fosas clandestinas. Los narcotraficantes estaban ganando la guerra.

 

A partir del año 2014, las cantidades presupuestarias para seguridad pública superaron los 150 mil millones de pesos.

 

El presupuesto para 2016 fue de 163 mil 422 millones 936 mil 800 pesos. En 10 años se invirtió más de un billón al combate al narco.