13 de septiembre de 2017

El escenario construido por el gobierno de Jalisco, con base en el proyecto ejecutado por la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), para decantarse por una represa a 105 metros en el sitio de El Zapotillo, y la inevitable inundación de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, y el respectivo trasvase de agua a la ciudad de León, Guanajuato, vive momentos críticos, con la generalidad de los actores locales en contra de la decisión asumida por el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz.

El grupo opositor, abanderado por el Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua en Jalisco y con la autoridad moral emanada del Movimiento Ciudadano que lucha contra la inundación de los pueblos de las cañadas (Salvemos Temacapulín, Acasico y Palmarejo, AC), ha logrado integrar en sus filas a legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (PMC) y Acción Nacional (PAN), a una corriente crítica priista, al poderoso Grupo Universidad que encabeza Raúl Padilla López, y en general, a todo el grupo político que encabeza el presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro Ramírez, virtual candidato a la gubernatura.

El grupo legislativo aliado tiene en preparación una controversia constitucional contra el gobernador del estado, por haber cedido servidumbres de carreteras estatales a la concesionaria del acueducto, Abengoa, sin haber dado conocimiento y aprobación al poder Legislativo; también se han comprometido con el movimiento a no aprobar un nuevo convenio que permita a la Comisión Nacional del Agua elevar la cortina a 105 metros, e inundar los pueblos y entregar el agua en León. El grupo Universidad pretende llegar más lejos: consideran sus expertos como esencial quitar a la Conagua el monopolio del agua en México y romper el paradigma de resolver todo con obras costosas de infraestructura. "La gestión sostenible y justa del agua es un asunto estratégico y de seguridad nacional para el país. El agua es un derecho humano fundamental y su apropiación una fuente de conflictividad social que afectan la gobernabilidad de importantes regiones de México. Las presas ya no son siempre la mejor alternativa para resolver los problemas de abasto del agua, y su construcción requiere estar plenamente justificada por las afectaciones que generan en regiones enteras. Los trasvases entre cuencas constituyen la última opción a implementar una vez que se han agotado todas las posibilidades técnicas y científicas del uso racional y sostenible del recurso hídrico en una misma cuenca", señalaron en un escrito difundido previo a las manifestaciones del sábado pasado en las ciudades de Tepatitlán, San Juan de los Lagos y Lagos de Moreno, y firmado por el Comité Universitario de Agua y Energía. "El proceso que nos ha llevado como sociedad a la situación de conflictividad actual en torno de la Presa El Zapotillo en el Estado de Jalisco y el acueducto para el transvase de agua a la ciudad de León, Guanajuato, es consecuencia de la opacidad y la soberbia institucional con la que ha actuado la Conagua en la implementación del proyecto", añaden. Y hacen un recuento: los decretos y publicaciones oficiales son claros respecto a la falta de agua en la cuenca, independientemente de las conclusiones de la Unops. Por eso, el trasvase se debe cancelar, y encontrar la solución al problema de agua de León en su misma cuenca.